Marcharon contra violencia y raptos

Tarija (EL DIARIO).- Diferentes instituciones que trabajan con la mujer junto a la organización de personas víctimas de la justicia en Tarija marcharon contra la retardación de justicia por parte del Ministerio Público para esclarecer los casos de personas desaparecidas y demandaron sanciones drásticas para los agresores en los casos de violencia hacia la mujer.

La marcha que partió de la plaza Campero recorrió la calle General Trigo hasta el frontis de la Fiscalía de Distrito donde los manifestantes pararon unos minutos para expresar su preocupación y luego se trasladaron hasta la plaza Luís de Fuentes donde concluyo con una concentración.

La secretaria de la mujer del municipio de Cercado, Patricia Paputzakis, que participó de la manifestación hizo un llamado a la sociedad en general a condenar los hechos de violencia contra las mujeres, niños y a esclarecer los casos de las personas desaparecidas en Tarija.

“Llamamos a los operadores de la justicia a actuar de forma contundente en los casos de violencia para garantizar justicia para que esos hechos no queden en la impunidad”, agregó.

También pidió a los medios de comunicación, a realizar la cobertura mediática responsable ante la tragedia que viven las víctimas y la familia de los hechos.

A su vez, el representante de las personas víctimas de la justicia, Thamer Medina, dijo que existen varios casos de personas desaparecidas que no se han resuelto en el departamento, por lo que se espera que luego de la marcha los operadores de justicia den mayor atención para esclarecer los diferentes hechos.

MARCHA

Los familiares de víctimas de violencia y desaparecidos marcharon por retardación de justicia

Medina, nuevamente, hizo notar el caso del periodista desaparecido Cristian Osvaldo Mariscal Calvimontes, que a un año y cinco meses el Ministerio Público no logra dar resultados.

En tanto, la representante del Defensor del Pueblo, Gladis Sandoval, manifestó que la marcha también es en contra de las resoluciones judiciales de jueces y vocales que están dando medidas sustitutivas y detención domiciliaria a principales implicados en casos de violencia y asesinato.