La hora de una alternativa de poder

Estamos aún en el horizonte de soluciones de los movimientos sociales del año 2003, cuando el MAS surgió como la alternativa a la crisis de representatividad de los partidos tradicionales, pero sin las banderas del anticolonialismo indígena no fue más que la continuación del colonialismo interno bajo una nueva forma. El MAS fue una experiencia de “socialismo comunitario” frente al colonialismo interno, ahora se trata de construir una alternativa al socialismo comunitario en la perspectiva anticolonial del movimiento indígena.

El ascenso del MAS, en parte, fue el corolario de un largo proceso político de carácter anticolonial, en el que los mandatos del Manifiesto de Tiahuanacu (1973) fueron un hito importante, con su realización política en la ley de “participación popular” (1). La experiencia de nuevas formas de representación ciudadana, surgida en la descentralización de la gestión pública y el gobierno local, orientó el curso de la política por senderos no percibidos por la vieja élite. La experiencia de la descentralización municipal promovió un nuevo liderazgo local, tanto en el ámbito urbano como rural, obligando a rediseñar los mecanismos de representación ciudadana rompiendo el monopolio de los partidos, mediante nuevas entidades como las organizaciones indígenas y agrupaciones ciudadanas.

Si bien estos novedosos medios para ejercer la representación popular no terminaron por sustituir a los partidos, las nuevas condiciones ampliaron definitivamente la esfera de la participación ciudadana, particularmente para los pueblos indígenas.

Durante la década del 90, la combinación de la crisis política y la crisis económica crearon un escenario de conflictividad social para el que los partidos no tenían respuesta ni estaban preparados y, una vez más, los movimientos sociales, espontáneamente movilizados o empujados por el descontento, dieron al traste con la vieja élite y su modelo de gestión gubernamental en los sucesos del año 2003. El colonialismo interno, su representación social y política sólo podía invocar el respeto de la legalidad y que el pueblo aceptara con resignación sus soluciones, pero temeroso de ser avasallado por los nuevos liderazgos indígenas y populares, o ya incapaz de contener la presión de los problemas creados por el colonialismo interno, acabó claudicando a su legalismo y renunciando a su mandato.

El caos generado no tuvo más destino que la ruptura con la vieja élite de poder del colonialismo interno, al menos en la forma, pero en el fondo la ruptura no fue necesariamente la liquidación del colonialismo interno. En tal coyuntura marcada por la incertidumbre, los movilizados, en tanto carecían de condiciones para llenar el vacío de poder creado, aceptaron la sucesión presidencial según el procedimiento constitucional vigente, primero apoyando la asunción del vicepresidente Carlos Mesa, y luego del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé.

Este corto periodo de transición con una tenue legitimidad del poder, agotó las reservas de legalidad existentes, hasta que las elecciones adelantadas del año 2005 otorgaron un mandato mayoritario a un candidato, que en la percepción del mandante unía las aspiraciones indígenas y el rechazo a los líderes tradicionales y sus partidos.

Estas condiciones de la nueva representación que asumió el poder se había incubado en el seno del movimiento indígena y campesino que desde la Guerra del Chaco buscó afanosamente, aunque sin éxito, acceder al poder con objeto de reconfigurar la esfera política y con ella la del poder, como la única posibilidad de transformar el colonialismo interno institucionalizado en el Estado desde la creación de la República.

Nota: (1) Sejas Nicómedes; Katarismo y Descolonización. La Paz, 2014.