Bajo el título “No hay libertad de prensa sin transparencia”, Julio E. Muñoz, quien es profesor universitario en Estados Unidos, escribió un interesante artículo en El País, de Madrid, España, el 20 del mes en curso, sobre el acceso a la información pública, a la cual por supuesto tiene derecho la población toda en cualquier país. Indudablemente que no deja de ser interesante, por cuanto viene a constituirse en los hechos en un tema virtualmente muy debatido durante los tiempos que corren.
El mismo comienza señalando: La promulgación, en Paraguay, de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública y Transparencia Gubernamental, es una luz de esperanza en Latinoamérica para un mundo más libre y sin corrupción. La corrupción es la invitada de lujo en la sociedad actual y se sienta en la mesa de huéspedes de igual forma con presidentes del gobierno, políticos y empresarios. La prensa, que no es invitada en esta cena especial, lucha por denunciar dicha corrupción, pero su labor se ve afectada cuando no tiene la posibilidad de acceder a las fuentes públicas de información.
El primer caso de una ley de transparencia data de 1766, cuando Suecia se convirtió en el primer país del mundo que reconoció y reguló con una ley específica el derecho fundamental de acceso a la información pública. Pero el más significativo y conocido es el caso de Estados Unidos, que en 1966 aprobó el acta de la libertad de información (Freedom of Information Act). Esta ley fue la culminación de un proceso que se inició en 1946, con el acta de procesos administrativos, que trataba de aclarar y proteger para los ciudadanos el derecho a la información pública. Después, en 1976, se aprobó la Sunshine Act, que exigía que todas las reuniones de organismos gubernamentales fueran abiertas al público y la prensa. En el último año, el Departamento de Estado recibió nada menos que 18.670 solicitudes de información, que demuestra cómo el público pone en vigencia un derecho adquirido.
Las leyes de transparencia parten de la premisa que el dueño de la información pública no es el gobierno, sino el pueblo que elige a sus gobernantes. Esto demuestra la necesidad de las leyes de acceso y de transparencia, que parten de la premisa de que el dueño de la información pública no es el gobierno, sino el pueblo que elige a sus gobernantes y le ordene que administre esta información. O sea los empleados públicos están obligados, como parte de sus funciones, a divulgar la información, incluyendo informes de auditorías, contratos, viajes oficiales, estudios de impacto ambiental, tareas y salarios de los funcionarios públicos entre muchas otras informaciones de interés público.
La lucha contra el enriquecimiento ilícito y el abuso de las franquicias oficiales, entre tantas denuncias de corrupción, tendrían un mejor resultado si hubiera leyes de acceso y transparencia que beneficiarían al pueblo y mejorarían la manoseada igualdad social. Pero las leyes de transparencia en sí mismas no son suficientes, la prensa debe jugar un papel clave para procesar e interpretar toda esta información y ponerla en valor para la opinión pública. De esta manera, la sociedad, podrá librar una batalla efectiva contra la corrupción.
Sin lugar a dudas, el aporte de este docente universitario no deja de ser por demás importante cuando en la opinión pública de distintos países ha surgido una serie de interrogantes y desconfianza sobre el manejo de la nave del Estado.
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