Reservas naturales y consultas a indígenas

Era previsible que las comunidades campesinas y pueblos originarios que viven en las áreas protegidas y que son reservas naturales del país, reclamen por la aprobación del decreto 2.366 que permitirá invadir lo que está prohibido constitucionalmente; es decir, utilizar las reservas de la naturaleza con la finalidad de explotar hidrocarburos.

El que hayan bajado los precios del petróleo en el mercado internacional, hecho que disminuyó los ingresos del país, ha dado lugar a que el Gobierno, necesitado de reponer esos dineros, recurra al prohibido expediente de autorizar la invasión a las reservas que el país está obligado a cuidar y preservar permanentemente. Es lamentable que por depender de los ingresos por las ventas de gas y no haber explotado recursos de otra naturaleza para diversificar los ingresos financieros, el régimen del MAS, impotente ante la situación que se presenta, tenga que recurrir a un extremo atentatorio contra el país.

El Centro de Estudios de Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) señala que en el “trasfondo de la amenaza de expulsión a fundaciones y ONGs están varios factores de riesgo para la estabilidad económica y social del Gobierno”. En ocasión del hallazgo de petróleo en Yapacaní, Morales dijo en su discurso que “las fundaciones que perjudiquen la explotación de los recursos naturales se tienen que ir del país”. El 26 de mayo el Gobierno aprobó el decreto 2.366 autorizando la actividad hidrocarburífera en las áreas protegidas.

La Constitución en su artículo 352 señala: “La explotación de los recursos naturales en determinado territorio estará sujeta a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado que será libre, previa e informada. Se garantiza la participación ciudadana en el proceso de gestión ambiental y se promoverá la conservación de los ecosistemas, de acuerdo con la Constitución y la ley. En las naciones y pueblos indígenas originario-campesinos, la consulta tiene lugar respetando sus normas y procedimientos propios”.

La Constitución, pues, al margen de convenios internacionales sobre respeto al medio ambiente y a las reservas protegidas, es clara y terminante; en todo caso, lo que ella (la Carta Magna) dice que no puede anularse con un simple decreto y ni siquiera con una ley. Corresponde, pues, no ingresar en los campos denominados como reservas, así esté debidamente comprobado que existe petróleo en ellas; hacerlo implicaría menoscabar derechos ajenos, atentar contra el país y sentar precedentes funestos para que en cualquier momento y por motivos que haya, se vulnere lo que hay que respetar y conservar y que es patrimonio no solamente del país sino de la humanidad. Finalmente, hay que sostener, en cualquier circunstancia, que no se debe atentar contra la naturaleza y convenir, además, que es el propio Gobierno el que muchas veces sostuvo la urgencia de querer y cuidar a la madre Tierra.