Santa Cruz (EL DIARIO).- El pueblo guaraní prepara acciones para presentar ante el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) demandas para anular los decretos cuestionados.
La Asamblea de Pueblos Guaraní (APG) anunció ayer su alejamiento definitivo de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (Cidob) porque consideran que no están recibiendo ayuda en su lucha por mantener la consulta previa en el caso de la exploraciones que pretende hacer la empresa estatal Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El presidente de la APG, Domingo Julián, indicó que “su entidad se separa de la Cidob que dirige Melva Hurtado porque no se sienten representados y, lo que es peor aún, discriminados porque no fueron apoyado en su lucha contra la aprobación de los Decretos Supremos 2195, 2298, 2366 y 2368 que dan luz verde a la exploración y explotación de hidrocarburos dentro de su territorio sin la consulta previa que les favorece constitucionalmente”.
Según el dirigente guaraní, a ello se suma el nulo apoyo que tuvieron por parte de la Cidob cuando bloquearon en Tacovo Mora y ocasión en la que fueron brutalmente reprimidos por la Policía, dejando heridos a ancianos, mujeres y niños, además de más de medio centenar de detenidos en celdas policiales. “Ahí no se vio a los dirigentes de la Cidob, todo lo contrario, se los vio en los medios de comunicación apoyando al Gobierno”, sostuvo.
El líder guaraní aclaró que el rompimiento con la Cidob no significa que ellos se alejan del Gobierno, pues ellos mantendrán una relación directa para lograr concretar los proyectos en beneficio de su pueblo. “Hace rato que nosotros no recibimos apoyo de la Cidob y nuestro alejamiento no nos perjudicará”, aseguró,
Por su parte el presidente del Consejo de Capitanías Guaraní de Santa Cruz, Ronald Gómez, a tiempo de mostrar su apoyo a la APG, dijo que los más de 60.000 guaraníes no se quedarán con las manos cruzadas ante el intento de avasallar su territorio en busca de petróleo y que van a recurrir a todas las instancias posibles para frenarlos.
“Queremos que esos decretos sean frenados y anulados para que podamos conversar y que nos respeten nuestros derechos”, dijo.
Adelantó que una de las primeras medidas a tomar será la presentación de acciones populares ante el TDJ para que se anulen los decretos y que en caso de no prosperar irán adoptando otras medidas de presión.
EL DIARIO intentó comunicarse con la presidenta de la Cidob, Melva Hurtado, para conocer su versión acerca del tema; sin embargo no fue posible porque la dirigente no atendió el requerimiento.
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