Mientras el presidente Juan Manuel Santos intenta lidiar la crisis fronteriza con Venezuela ante la ONU, la CPI y la OIM, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, hizo lo suyo ayer y presentó la queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se detengan los “ataques de Nicolás Maduro contra los colombianos”.
El informe entregado por el procurador, conocido por Semana.com, tiene 26 páginas y resalta los casos de nueve colombianos que sufrieron atropellos y violaciones a sus derechos por la crisis fronteriza.
Por ejemplo, Erika Jimena Gil Mosquera recordó que llegó a Venezuela hace más de cuatro años, desplazada de la violencia del municipio de San Bernardo, Tolima. Vivía en una casa con seis personas, cinco colombianos (dos menores de edad) y un venezolano. Contó que la guardia venezolana llegó a su casa la noche del 23 de agosto de 2015 a registrarla y revisar si tenían contrabando.
Luego les dijeron que los llevaban al comando para reseñarlos. Allí estuvieron retenidos más de cinco horas sin darles agua ni alimentos, para después deportarlos a Colombia por orden del presidente Nicolás Maduro. Manifestó que todas sus pertenencias se quedaron en Venezuela en manos de la Guardia Venezolana.