Rogelio Cruz Quispe, hermano de una mujer víctima de feminicidio, denunció que los mallkus de la subcentral de Atahuallpani de la comunidad de Sorata estarían protegiendo a acusados por este tipo de delitos, además, obstaculizarían la investigación del Ministerio Público.
“La persona involucrada en el delito ha realizado una serie de recusaciones y cuando llega alguna citación a la comunidad que es protegida sindicalmente, directamente lo retienen no hacen entregar los requerimientos fiscales, perjudicando de esta manera al procesos judicial”, indicó el denunciante.
“El fiscal Javier Taboada incluso solicitó que las autoridades comunitarias puedan hacer su representación judicial en el proceso que se lleva adelante, pero ninguna de las demandas puede dar curso porque en este sector los casos de femincidio, asesinato, entre otros, son protegidos y nadie puede hacer nada”, explicó.
Este proceso habría pasado por varios fiscales y juzgados ante el proceso de recusaciones constantes, factor que permite la libertad del sindicado pese a la existencia de informes policiales y el proceso de investigación de la instancia correspondiente en las provincias.
“Los delitos se pretenden ocultar bajo el manto de que es jurisdicción de una justicia comunitaria y no ordinaria, ese es el mayor problema por el cual hasta la fecha por más de un año que mi familia no tienen ninguna garantía, no consigue justicia y por el contrario a la fecha ninguna autoridad del Ministerio Público inicia juicios a estas personas que obstaculizan el proceso judicial”, denunció.
El proceso legal se quedó en la primera fase de imputación y, por el momento, la familia Cruz se convierte en una de varias familias que son víctimas no sólo de la retardación de justicia, sino, ante todo, del proteccionismo que se aplica por parte de algunas autoridades comunitarias.
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