Boris Alberto Espinoza Mejía
A raíz de la nacionalización de los hidrocarburos y la mejora de los precios de los derivados del petróleo, mejoró notablemente la situación económica del Estado, situación que ha permitido marcar records en la inversión destinada a la construcción de carreteras en todo el territorio, que no son atribuibles a la bonanza económica que pregona el actual gobierno.
A tal punto aumentaron la cantidad de obras y de montos de contrato en este rubro en el último periodo, que las constructoras nacionales quedaron sobrepasadas en su capacidad de ejecución y de contratación, dando paso a que constructoras multinacionales ingresen a ejecutar obras en diferentes tramos del país, por falta de inversión del gobierno para la creación de empresas grandes para abarcar este rubro.
Así mismo, está la falta de ejecución de estas obras y, obviamente, vemos de palco cómo las utilidades económicas salen en grandes cantidades de nuestro país, al igual que otros beneficios colaterales empresariales, tomando a nuestras empresas solamente como subcontratistas de estas grandes empresas extranjeras. Como ejemplo de ello se puede citar a empresas brasileñas, chinas, mexicanas, argentinas, españolas y hasta ecuatorianas.
El Comando de Ingeniería del Ejército de forma acertada desde hace algún tiempo gestionó un crédito para su potenciamiento y equipamiento con maquinaria de construcción, con el fin de incrementar su participación activa en el desarrollo nacional, como lo faculta y ordena la Constitución Política del Estado, mediante la construcción de todo tipo de obras civiles, especialmente carreteras en todo el territorio nacional, de manera complementaria y subsidiaria al empresariado privado nacional…
El presidente Evo Morales, ante la llegada de esta gran cantidad de maquinaria proveniente de un crédito de la República de China, gestionada por el Comando de Ingeniería del Ejército, pese a la oposición de muchos de sus propios seguidores, decidió crear la Empresa de Construcciones del Ejército (ECE), mediante DS de 13-06-12, misma que tiene características de una EPNE (Empresa Pública Nacional Estratégica) y cuenta a su vez con la experiencia en este rubro de más de medio siglo del Comando de Ingeniería del Ejército.
Lo malo de esta creación es que debido al asesoramiento mal intencionado de los mismos colaboradores del gobierno, esta empresa se crea sin capital -a diferencia de todas las demás Empresas Públicas Estratégicas del Estado-, con una cuantiosa suma aproximada de 50.000.000 de dólares que esta empresa debería pagar mediante el empleo del equipo en la ejecución de obras.
Esta nueva empresa, por la cantidad de equipos en crédito, se constituiría en la empresa más grande y con mayor capacidad en ejecución de obras a nivel nacional y podría perfectamente regular los precios del mercado de la construcción y limitar el ingreso de empresas extranjeras para la ejecución de obras, protegiendo de esta manera los intereses del Estado y sobre todo evitando la corrupción, que lamentablemente es tan común en los procesos de adjudicación de obras, especialmente en las de carreteras por los montos de contrato.
Esta empresa administrada por personal militar, creada con tan nobles objetivos, visualizados sólo por el Comando de Ingeniería y comunicados al Presidente del Estado, seguramente afectó intereses de muchas autoridades políticas y sindicales, especialmente de las instancias encargadas de la administración de carreteras y obras en general, quienes de manera maquiavélica además de limitarla en sus facultades durante su creación, planificaron la desaparición lenta de esta empresa, adjudicándole proyectos con presupuestos por demás subvalorados y saboteando la ejecución de los proyectos. Lograron sus objetivos de forma precisa, al punto que actualmente se encuentra en peligro de cierre con la maquinaria paralizada.
Como ejemplo claro de estas confabulaciones se tiene la ejecución del tramo Unduavi - Chulumani, un tramo anhelado desde hace décadas por la comunidad yungueña, cuyo emprendimiento fue iniciado en varias gestiones administrativas pasadas sin prosperar, debido a su inviabilidad técnica y económica por las características del terreno en la zona y la alta inversión en su ejecución.
Con estos antecedentes, este tramo fue asignado a la recientemente creada ECE, con un monto de contrato notablemente subvalorado en relación con precios actuales que manejan otras empresas privadas en proyectos de actual ejecución. Esta obra en cumplimiento al compromiso asumido por el Presidente del Estado, fue iniciada por la ECE demostrando su buena fe, aun sin contar con la liberación del tramo en cuanto al pago de las indemnizaciones a los propietarios afectados. Esta situación posteriormente se volvería en contra la misma empresa, ya que la ABC usaría el argumento de retraso en la ejecución para rescindir el contrato, siendo que esta obra no pudo prosperar debido precisamente a la falta de liberación del tramo, que en este caso es responsabilidad entera de la propia ABC.
Esto saca a relucir los intereses oscuros de autoridades de la ABC que, confabulando con sectores sindicales que se prestaron a este juego, como el ejecutivo de la COFECAY direccionaron estas oscuras directrices.
Estas malas intenciones se evidenciaron cuando al día siguiente de rescindir el contrato con la ECE, la ABC procede al pago de las afectaciones para dejar expedito el tramo a la siguiente empresa que, por supuesto, es privada y puede satisfacer las exigencias personales de los contratantes. No sólo eso, sino que además adjudica el proyecto a esta nueva empresa por un monto superior en más del 40% en relación con el saldo por ejecutar que tuvo la ECE. La pregunta lógica es ¿el Presidente del Estado conoce esta extraña confabulación contra la empresa que hace dos años fue obra de su creación? Y si tiene conocimiento, ¿por qué permite que sus colaboradores obren de esta manera haciendo quedar mal al Ejército y al Comando de Ingeniería, con el único propósito de beneficiar a un sector que ya está claramente identificado?
Ante todo esto es necesario resaltar la actitud de los militares que por su formación y lealtad al gobierno, aceptaron el desafío de participar activamente en el desarrollo nacional, con retos realmente grandes, pese a trabajar en condiciones sumamente desventajosas, con una deuda poco menos que imposible de cubrir y contra las confabulaciones de varias instituciones.
A la fecha, la ECE que fue creada por este gobierno de turno, se encuentra en periodo de incertidumbre respecto a su cierre o reactivación, y en espera a que su Directorio formado por autoridades del mismo gobierno decida sobre su futuro, como seguramente fue planificado por algunas autoridades políticas. Esta situación demuestra otra incongruencia más en las decisiones de este gobierno que, por un lado, demuestra buenas intenciones del Presidente y por otro, devela los intereses y la angurria de muchos de sus colaboradores, mientras se sigue contratando empresas constructoras extranjeras para trabajar en nuestro país, menospreciando la capacidad de los propios bolivianos.
El autor es abogado.
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