Insólita polémica sobre contrarreforma agraria

El agudo problema agrario que registra el país ha originado una original polémica acerca de la “contrarreforma agraria” entre un ejecutivo de la Fundación Tierra, Miguel Urioste, y el Director de Planificación del Instituto de Reforma Agraria (INRA), Juan de Dios Fernández, intercambio de opiniones que actualiza el descuidado y hasta olvidado asunto estructural de la cuestión de la tierra.

El cambio de ideas se originó en un artículo de Urioste en el que denunció la distribución de la tierra, la ampliación de la frontera agrícola, los acuerdos del gobierno con los agropecuarios del Oriente, etc., todo ello para consolidar un modelo agrario para consolidar una forma de desarrollo excluyente que amenaza con una “gris perspectiva” para el país, lo cual constituye un proceso de contrarreforma agraria.

Esos argumentos fueron replicados por el funcionario del INRA, quien indicó que con la nueva Carta constitucional se logró consenso sobre dos puntos: “a) dar seguridad jurídica a la propiedad de la tierra que efectivamente se trabaja y b) establecer el tamaño máximo de la propiedad agraria” en cinco mil hectáreas. A la vez, esa autoridad agrega que “es indiscutible que Bolivia tiene una nueva estructura de tenencia de la tierra”, afirmación que estaría respaldada por entregas de tierra a los indígenas y campesinos.

Agrega el funcionario que desde 1952 hubo en Bolivia tres reformas agrarias, la primera que favoreció a empresarios; la segunda originada en la Ley INRA de Gonzalo Sánchez de Lozada y la tercera la “Ley de reconducción comunitaria de la reforma agraria”, las mismas tres que habrían servido “para incrementar la producción de alimentos y diversificar la oferta exportadora nacional”.

Pese a las aseveraciones de ambas partes, no se aclara en qué consiste la contrarreforma agraria denunciada y se soslaya señalar las características de este proceso retrógrado que se origina en particular con la Ley INRA de Sánchez de Lozada, dictada con base en un proyecto del Banco Mundial, la misma que fue ratificada, con otro nombre, en su forma y contenido, por el gobierno de Evo Morales, con pequeñas reformas que la hicieron aún más conservadora.

En efecto, el actual tratamiento de la cuestión agraria es francamente de una contrarrevolución agraria por aspectos como los siguientes: a) consolida mediante el saneamiento la antiquísima distribución de la propiedad de la tierra en la región interandina del país; b) quita a los campesinos parcelarios el derecho de propiedad establecido en 1952 y retrocede a la mera tenencia; c) establece las bases para el retorno al pago del trabajo en especie y no en dinero, vale decir al colonato feudal; d) retrocede al cambio con base en el trueque; consolida la distribución latifundiaria originada en 1952; anula numerosas conquistas democráticas establecidas en 1952 y otras menores.

En síntesis, la legislación agraria actual no sólo recula al feudalismo, sino retrocede hasta el ayllu, aspectos que no toman en cuenta los polemistas y, por tanto, están de acuerdo con los aspectos de la contrarreforma agraria en marcha.

En resumen, una contrarrevolución agraria en relación con la Reforma de1953, medida que, en especial en Occidente, arruina la agricultura, hace bajar la producción, es antiindígena y anticampesina, va a contrapelo de la economía agraria democrática, cierra el mercado interno y pese a esas características se origina en un gobierno que dice representar a los indígenas y campesinos.

La polémica, pues, al no hacer referencia a nueva legislación no contribuye a superar la contrarreforma agraria sino a consolidarla y aún más, retroceder a la noche de los tiempos, inclusive por vía de la Constitución Política en vigencia.