El Congreso y sus instituciones acaban de dar un ejemplo continental al retirar los fueros y privilegios del presidente Otto Pérez Molina -ahora dimitente- y abrir el camino a su enjuiciamiento, imputado como cabeza de una red de corrupción aduanera denominada La Línea. El Congreso votó por unanimidad el desafuero -lo que incrementa la valía de la determinación- en tan sólo hora y media de consideración del caso. El Ministerio Público actúo con la misma diligencia y requirió el arraigo del Presidente, medida dispuesta por el juez Miguel Ángel Gálvez, nombre que merece ser recordado. El ex Presidente, militar retirado de 64 años, que llegó al poder en enero de 2012, se encuentra actualmente recluido en un cuartel militar, donde guarda prisión provisional.
Roxana Baldetti, ex vicepresidenta y ex miss Guatemala, acusada de participar activamente en La Línea, ya se encuentra detenida y espera acompañar a Pérez Molina ante el tribunal juzgador. Según el procedimiento legal, el Congreso remitirá la causa a la Suprema Corte de Justicia y ésta delegará el procesamiento a un Juez Ordinario. Para emitir su fallo contundente, al Congreso le bastó escuchar el informe de la Comisión Pesquisidora y el de la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Guatemala, los cuales contenían suficientes pruebas imputables. La Pesquisidora estuvo presidida por una diputada del partido opositor Encuentro por Guatemala.
De ese modo Guatemala se sacude de un hecho de corrupción al amparo del poder, dejando atrás la impunidad que es supuesto y garantía con la que cuentan los malos gobernantes. Las instituciones guatemaltecas no se resignaron a la corrupción que como moneda corriente circula por todo el continente, dando una lección de dignidad. Después de las decisiones institucionales, corresponde al Poder Judicial recoger el guante y proceder en consecuencia.
Las oportunas decisiones adoptadas colocan al país centroamericano en un alto grado de dignidad, de independencia e imparcialidad de sus instituciones y de reivindicación colectiva que debería invitar a la imitación, cuando sobran motivos y razones de sanción a muchas naciones de nuestro entorno geográfico. ¿En Bolivia se podrá dar una muestra y actuación semejantes? Seguro que no, pues aparte de algunas declaraciones de “que caiga quien caiga”, los delitos de corrupción o nunca son juzgados o luego de algunas apariencias quedan en la impunidad más absoluta. Los peculados en el Fondo Indígena son muy elocuentes, si se trata de dar ejemplos. Algo similar ocurre con una serie de ex comandantes de la Policía Nacional, imputados de cohonestar el narcotráfico. No en vano, varios organismos internacionales de valoración de la Justicia y del desempeño público, sitúan al país en bajos peldaños.
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