Toma ilegal de tierras deja sin vivienda a 83 familias

Cochabamba, (EL DIARIO).- La toma ilegal de tierras en la zona de Tiquirani de Pampa San Miguel dejaron sin vivienda a 83 familias que tienen el derecho propietario de 50.0487 hectáreas de terrenos cedidas por la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y saneadas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

Con lágrimas en los ojos, doña Eliza Laime Velazco, quien vive en Pampa San Miguel desde su niñez, relató que durante los últimos diez años un grupo de ex dirigentes que se convirtieron en loteadores tomaron el control de la zona ofreciendo y vendiendo los terrenos de terceras personas sin contar con los títulos legítimos de propiedad.

“A los terrenos que eran de nuestros padres se han entrado, vivimos en medio de personas que han comprado lotes de los loteadores, no tienen papeles legales”, manifestó.

Según declaraciones de Velasco, este grupo de personas tomó el control de la zona amedrentando a los dueños legítimos para que no presenten sus denuncias ante las autoridades. Los compradores construyeron sus viviendas en lotes de 250 metros que fueron parcelados de las más de 50 hectáreas, cuyo derecho propietario es colectivo.

No obstante, el abogado de las víctimas, doctor Marcos Terrazas, explicó que se presentó una demanda penal contra el director del INRA en Cochabamba, Hugo Claure, denunciando la toma ilegal de tierras en Pampa San Miguel y pidiendo su intervención para que los terrenos sean recuperados por sus verdaderos dueños.

“Lo lamentable de toda esta situación es que el director departamental del INRA no ha hecho cumplir varias determinaciones con respecto a los asentamientos y el desalojo”, expuso.

La parte demandante, tuvo que recurrir hasta el Tribunal Constitucional para lograr que se instruya la demolición de las casas construidas ilegalmente y que los dueños legítimos retomen la propiedad de sus terrenos.

Según documentos a los que tuvo acceso EL DIARIO, el siete de diciembre del 2013 los vocales del Tribunal Constitucional instruyeron al INRA en Cochabamba ejecutar las resoluciones administrativas que dispusieron las medidas precautorias de prohibición y desalojo de las áreas colectivas dotadas como propiedades comunales en la comunidad de Pampa San Miguel.

“Exhortar a la Dirección Departamental del INRA de Cochabamba mayor responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones establecidas por ley”, señala la disposición.

El doctor William Zapata también abogado de los comunarios de Pampa San Miguel, explicó que el director del INRA nunca cumplió con la resolución por lo que se encuentra con medidas sustitutivas por incumplimiento de deberes formales. La próxima semana se realizará una nueva audiencia pudiendo inclusive ser remitido a la cárcel.

“Una sentencia constitucional es innegociable se debe cumplir por las autoridades correspondientes”, aseveró.

NEGOCIO MILLONARIO

El abogado, Marcos Terrazas, reveló que detrás de los avasallamientos existen grupos conformados de loteadores quienes, a veces en complicidad con las autoridades, se dedican a engañar a personas de condición humilde ofreciéndoles los terrenos sin contar con los títulos de propiedad para que construyan sus viviendas ilegalmente.

“Los loteadores tienen un modus operandi, generalmente lo que hacen es ubicar un terreno grande, ver quienes están habitando y si se dan cuenta que son personas humildes y creen que no tienen título empiezan hacer proyectos de loteamiento” reveló.

Explicó que los proyectos de loteamiento son elaborados por arquitectos y abogados que falsifican papeles para engañar a las personas ofreciendo los lotes a bajos costos y facilidades de pago.

“Es un negocio millonario. Les convencen de que ellos les pueden vender, les muestran incluso la urbanización ya hecha. Las personas de buena fe creen que están comprando del verdadero dueño, cuando empiezan a construir sus casas recién se dan cuentan que el lote era de otra persona”, enfatizó.

Recomendó a la población que antes de comprar un lote verifique con su abogado si el título de propiedad está registrado en Derechos Reales y todos los papeles se encuentran en orden. En el caso de terrenos grandes, si están saneados por el INRA y no existen terceras personas comprometidas.