Injusticia con los transportistas

El transportista es un ser muy sacrificado para cumplir su trabajo, en alguna medida se parece a un minero. Conducir un vehículo durante 10 y hasta 12 horas diarias, para obtener el ingreso que requiere para el mantenimiento vital suyo y de su familia, es realmente digno de consideración.

A ello se agregan dos factores que tienen que ser reconocidos por todos aquellos que tienen un mínimo de humanitarismo. Realizan su labor sentados por tantas horas, es sabido y experimentado por muchos que crean complicaciones de salud en la parte baja del cuerpo. Adicionalmente, deben hallarse en permanente estado de tensión para conducir, peor en La Paz donde por el espacio reducido que tiene la ciudad y la creciente cantidad de vehículos que a diario se incorporan al tránsito, están sujetos a congestionamientos y, obviamente, a la desesperación que implica perder el tiempo en estos trances, que ahora son tan frecuentes en La Paz.

La tensión nerviosa, por otra parte, es permanente, para evitar accidentes y tener que lidiar con conductores y transeúntes que no tienen los cuidados necesarios para desplazarse. Entonces, el conductor del transporte público es el que tiene que cuidar de no atropellarlos, para después no confrontar situaciones que incluso comprometen su seguridad personal. Con mayor razón, los costos que implican y que, sin duda, afectan a su modesta economía.

Es evidente que muchos vehículos del transporte público son incómodos y, en otros casos, en condiciones no apropiadas para transportar pasajeros. Los transportistas tienen mucha culpa en ello, pero la mayor responsabilidad recae en el Servicio de Tránsito.

Este es el organismo técnico y normativo que debe poner orden entre las principales obligaciones que le corresponden cumplir. De su control depende que un vehículo en mal estado para servir en el transporte público sea obligado a mejor estos aspectos o disponer su retiro del servicio.

Periódicamente, Transito efectúa revisiones al estado de los vehículos. Hasta donde se observa, el único interés o dedicado a controlar el buen estado técnico del vehículo y ahí termina su preocupación, si acaso lo cumple con honestidad y rigor en sus funciones.

En cambio, no se fija si la disposición de los asientos guarda los requerimientos del caso, si sus asientos están en buenas condiciones de uso y también establecer si reúnen exactamente las condiciones de transportar pasajeros en condiciones apropiadas.

Circulan, respecto a las inspecciones vehiculares, muchas versiones acerca de la responsabilidad y honestidad con que se realizan las mismas, pero este es tema que no lo trataremos en estas líneas. Hay autoridades para ello.

La cuestión de fondo que preocupa son la humana y la económica. En el primer caso, se han dado unas cuantas y rápidas menciones al respecto. El segundo, que atañe a todos, es el económico. Si se guarda algo de memoria pública, efectivamente, como expresan los carteles que tienen algunos vehículos del transporte público para demandar un aumento en sus tarifas, se indica que desde hace 16 años no se modifican las tarifas que cobran.

Añaden que, en ese lapso, todos los trabajadores de los demás sectores han recibido anualmente un aumento salarial, aunque sea modesto e insuficiente, de todos modos lo tienen.

Si se hacen cuentas de los 16 años que los transportistas, pese a ser trabajadores como el resto, no reciben aumentos en sus tarifas, se llegaría a una cifra bastante alta, que, en este caso, sí hay que reconocer, no estaría la mayoría de los usuarios del transporte público en la posibilidad de cubrirlo.

Es pertinente anotar, asimismo, que los combustibles de los automotores están subvencionados, pero este es un aspecto que tiene por lo menos dos vértices. De una parte, los combustibles son producidos por el país y, por tanto, unos y otros tienen que ser sus beneficiarios. Los transportistas, pero también, indirectamente, los usuarios del servicio público.

Empero, hay otro factor que afecta a todos. Es la constante elevación del costo de vida. El INE cita mensualmente que alcanza a menos del uno por ciento, si se contabiliza sólo este componente, se tendrá que llegar a la conclusión de que esas elevaciones del costo de vida afectan a todos. Y de manera alguna excluye a los transportistas.

Éstos, por ser tales, no están libres de esos ajustes, en cambio, sus ingresos permanecen fijos desde hace 16 años, como argumentan. Frente a este realidad, no existe, pues, razón humanitaria que justifique la negativa de aceptar un aumento racional en las tarifas del transporte público.