Gobierno de Bolivia planteó retirar “discretamente” a Pinto

La Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional del Senado Federal brasileño reveló en un informe que el gobierno de Evo Morales propuso a Brasil “retirar en silencio” al exsenador Roger Pinto de la Embajada en La Paz, donde estuvo 453 días en calidad de asilado diplomático a la espera que el canciller David Choquehuanca envíe un salvoconducto para acogerse como refugiado político.

“La Ministra de Justicia boliviana en visita a Brasilia, propuso que Brasil retirase al senador (ahora exsenador) discretamente. Faltó apenas, como lo señaló la Embajada en La Paz, un gesto del más alto nivel”, señala un informe del relator, Ricardo Ferrazo, sin identificar a la ministra ni precisar la fecha de la visita.

El Gobierno acusó a Pinto de haber fugado del país, aunque se conoce que durante su asilo diplomático estuvo custodiado por fusileros de la naval brasileña, además tenía restringida las visitas. Sin embargo, el extenso informe de la comisión no habla de fuga, sino de una “salida informal” de la que supuestamente autoridades bolivianas tenían conocimiento.

Antes de dar curso a la designación del embajador de Brasil en La Paz, la Comisión agotó un proceso de investigación legislativa donde, por informes de la cancillería brasileña al Senado Federal, estableció que el Ministro de Gobierno y Vicecanciller bolivianos, a quienes tampoco se los citó con nombre y apellido, conocían en junio de 2013 de la opción que finalmente se concretó el 23 de agosto de 2013, cuando Pinto fue transportado en un auto diplomático hasta el vecino país.

Hasta entonces ninguna estrategia de presión política ni diplomática funcionó para el gobierno de Evo Morales. En el informe se indica que el canciller boliviano amenazó con llevar a otras instancias y pedir la mediación de la presidenta argentina Cristina Kirchner, porque “Pinto creaba tensiones para facilitar concesiones en el combate al narcotráfico”.

Incluso se convocó a un encuentro de diplomáticos de la Organización de Tratado de Cooperación Amazónica con una supuesta agenda de interés común, siendo que en el fondo era incluir en el conflicto a Venezuela.

“En la cúspide del problema, Morales cobró una urgente solución” a Dilma Rousseff en la cumbre de Malabo en febrero de 2013, tomando como base la solicitud anticipada de extradición planteada por el Fiscal General, Ramiro Guerrero.

En medio, Itamaraty propuso a Pinto de manera “irregular, clandestina y vergonzosa” renunciar al asilo diplomático a cambio de salir a un tercer país que nunca le fue mencionado, “en una actitud –dice la Comisión– de asedio moral y chantaje contra una persona sin poder de reacción”.

La Comisión también revela que incluso la prolongada detención de doce hinchas brasileños en una cárcel de Oruro fue un instrumento de negociación para zanjar la situación del senador boliviano. Como no llegaba la respuesta al ofrecimiento de una salida discreta, Brasil –afirma Ferrazo– accedió a las presiones de Bolivia, restringiendo libertades y visitas a Pinto.

La investigación concluye que ese fue un “problema gravísimo por atentar directamente contra los derechos humanos de un asilado sometido en condiciones inéditas”, contradiciendo la Convención de Caracas que prohíbe restringir libertades de los asilados. La presión también vino con la acusación de que Roger Pinto estaba desempeñando “actividades políticas desde el encierro”.

Recuerda que el entonces ministro Antonio Patriota recomendó a Rousseff conceder el asilo siguiendo la tradición diplomática brasileña y, tomando en cuenta esa flexibilidad sugerida. Entiende –además– que el embajador brasileño en La Paz, Marcial Biato, fue un “chivo expiatorio” porque en el fondo, hubo concesiones unilaterales brasileñas al Gobierno de Bolivia.