Estado puede fiscalizar pero sin transgredir libertades

La Fundación Jubileo presentó ayer los estados financieros de la entidad como respuesta a la solicitud del ministro de Autonomías, Hugo Siles, quien demandó conocer las fuentes de ingresos económicos de la misma. Si bien el director ejecutivo, Juan Carlos Núñez, consideró que el Estado está en su derecho de fiscalizar a las ONG que operan en el país, aseveró que no debe transgredir la libertad de asociación y expresión.

Las declaraciones de Siles surgen a menos de un mes de que el Vicepresidente atacara a cuatro Organizaciones No Gubernamentales (ONG), porque a su entender, “hacían política encubierta” y “mentían” a fin de “favorecer” intereses de la derecha.

“El Estado tiene toda la atribución de fiscalizar, esa es una tarea y competencia plena, (…) pero sin que eso vaya a transgredir la libertad de asociación y la libertad de expresión, que son principios fundamentales y que están amparados por la Constitución Política del Estado (CPE) para cualquier ciudadano o ciudadana”, sostuvo Núñez.

El director ejecutivo de Jubileo recordó que una ONG no posee base social, por lo que no tiene una representación particular. Acotó que las ONG se constituyen en instituciones académicas de investigación “de alto nivel”, que por sus cualidades profesionales se convierten, inclusive, en espacios que brindan oportunidades a jóvenes profesionales, supliendo la función empleadora del Estado.

Esta situación fue ejemplificada para señalar al Gobierno los aportes cualitativos de dichas instituciones en el país.

“No se pueden anular los espacios de expresión de la sociedad civil que generan las ONG, que son instituciones que se representan a sí mismas y no representan a nadie más, pero sí son entidades que pueden aportar cualitativamente en temas de carácter social y económico en el país”, enfatizó.

CRÍTICAS AL GOBIERNO

Núñez, a tiempo de asegurar que una de las tareas de estas instituciones, es fortalecer a los gobiernos, por lo que considera que las críticas no siempre son negativas.

“Lo que queda es llamar al diálogo y al reencuentro, porque lo peor que podemos hacer es romper ese nivel de relacionamiento entre estas entidades que cooperan en bien del país. Lo que significa que el Estado permita acompañarse y que entienda que la crítica no sólo es negativa sino que puede ser muy constructiva y puede ser muy estratégica hacia adelante”, dijo.

ESTADOS FINANCIEROS

“De las cuatro ONG ya hablamos, saben cuáles son. Ustedes como medios investiguen los fondos de Jubileo, por ejemplo, ¿de dónde vienen los fondos de Jubileo, desde algunas instituciones norteamericanas que financian a estas ONG? Ustedes vean eso, yo no quiero dar nombres, pero está fácil, si revisan cualquier cartilla de estas instituciones verán”, fueron las palabras que el ministro de Autonomías, Hugo Siles, vertía hace algunos días, motivo por el cual, Jubileo salió al frente para transparentar su estado financiero.

En conferencia de prensa, el director ejecutivo manifestó que su institución no tiene objeciones sobre la socialización de sus financiadores, entre otros aspectos. En ese marco, presentó un dictamen de auditor independiente sobre los estados financieros de Jubileo. El informe técnico califica de “razonable la situación patrimonial y financiera de la Fundación para la Formación e Investigación Político Social a diciembre 31, 2014 y 2013”, de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia.

38 “CADUCAS”

38 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro, fueron declaradas “irregulares” por el Gobierno, debido a un año de inactividad administrativa en su tramitación ante el Ministerio de Autonomías, en busca de reconocimiento y renovación de su personería jurídica.

Entre las que entidades que ingresaron en situación de “irregulares” y “caducas” se encuentran el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Red Nacional de Trabajadores de Información y Comunicación (Red ADA), la Cinemateca Boliviana, además de Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI), entre otros.

Además figuran en la lista la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la Cámara de Comercio e Industria Boliviano Alemana, así como el Programa de Coordinación en Salud Integral (Procosi).

El director jurídico del Ministerio de Autonomías, Javier Zúñiga, en entrevista con ANF, informó que desde que el momento en que estas 38 entidades entraron en inactividad administrativa de un año computado desde su última actuación en busca del reconocimiento de su personería, automáticamente se les declara en caducidad.