Consultado sobre los proyectos de provisión de armas que se desea concretar con Argentina, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, pidió no emitir declaraciones, pero adelantó que existe un conflicto de intereses que, se presume, se debe a la tecnología que se requiere para adquirir insumos militares.
“Es muy delicado, es muy delicado si hablo sobre eso, permítanme excusarme (…) por un tema de interés nacional”, fue la escueta declaración de Ferreira al ser consultado ayer a su salida de la Asamblea Legislativa, a donde asistió para prestar un informe oral sobre las barcazas chinas.
El pasado sábado, en el marco de la cooperación “en industria de la Defensa” y la solicitud que Bolivia realizó el 28 de julio de 2015, en Cochabamba, el ministro de Defensa de Argentina, Agustín Rossi, presentó cuatro proyectos, para la dotación de insumos militares.
Dicho acuerdo se enmarca dentro de un denominado “repotenciamiento” de las FFAA que se se darán en las áreas de provisión de radares, lanzacohetes, barcazas y aviones modelo Pampa III.
La adquisición de radares estaba destinada al control del espacio aéreo, para de esa manera evitar que aviones dedicados al narcotráfico ingresen y sean detectados. La Ley 521 de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo autoriza el derribo de aeronaves que de forma ilícita vulneraron el espacio aéreo boliviano.
Esta disposición está destinada a evitar que aeronaves vinculadas al narcotráfico ingresen a cielo boliviano. En el Perú se dio a conocer en el mes pasado que más de 220 aeronaves con matrícula boliviana fueron detectadas y muchas derribadas por la normativa que tiene ese país.
Al respecto, el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, en referencia a los radares que se precisan y la posibilidad de que el Gobierno de Argentina haga la dotación de los mismos, sostuvo que se espera que técnicos lleguen a territorio nacional para efectuar la evaluación respectiva y den el visto bueno para que Bolivia cuente con estos equipos.
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