En las dos últimas semanas se ha procedido a realizar despidos de empleados de la administración estatal y de instituciones descentralizadas por motivos políticos, específicamente por no estar afiliados al gobernante M del Movimiento Al Socialismo (MAS).
En otros casos, al parecer, cuando se trata de personal que tiene antigüedad en el cargo, reciben órdenes de cambio de destino, o sea que se les impone abandonar la sede de Gobierno para ir a radicar en otras ciudades o en capitales de provincias.
Los despidos se están registrando en ministerios y en organismos como ASFI, Comibol, Entel y otros que son descentralizados e incluso se les confería el goce de autonomías. De esta forma, lo que está ocurriendo es una especie de masacre social, estrictamente por causas de filiación partidista, no por incompetencia o por exceso de personal, como suele ser explicable.
Desde que el MAS asumió el poder, hace 10 años, lo que se aplicaba era una rotación de sus afiliados en distintas funciones y los despidos eran menores respecto a los que no pertenecían a la organización política del oficialismo.
A pesar de los avances que se han tenido en los últimos tres años, reducir el desempleo formal en el país, con los despidos actuales la situación tenderá a un retroceso sobre la materia. Este aspecto deberá tener presente el Gobierno, pues su empeño debe continuar, esto es reducir al mínimo el desempleo.
Incluso es ya tiempo que adopte algunas medidas para reducir el empleo informal, que se estima en alrededor del 70%, puesto que su incidencia más deplorable es que las personas que se hallan en esta situación no cuentan con los beneficios de la seguridad social. Peor todavía, al llegar a la vejez, quedan en el desamparo total, pues carecen del beneficio de la jubilación.
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