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(ANF).- El Ministerio de Defensa iniciará todas las acciones legales que correspondan contra los y las responsables de la gestión y administración de la Empresa de Construcciones del Ejército (ECE), señala el Decreto Supremo N° 2507, que autoriza el cierre y la transferencia de bienes de la otrora empresa estratégica.
Las acciones legales no sólo serán contra uniformados sino también contra civiles, quienes estarían involucrados en las acciones irregulares que concluyeron con el quiebra de esta empresa dependiente del Ejército.
El Gobierno, en consejo de ministros, dispuso, el 2 de septiembre, el cierre de la ECE, que será efectuado hasta el 30 del mismo mes, tras su quiebra y las varias demandas que enfrenta de sus acreedores por no haber cumplido con sus contratos.
La Empresa de Construcciones del Ejército incumplió varios contratos, entre ellos la construcción de la carretera Unduavi-Chulumani y el aeropuerto de Copacabana.
El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, reconoció el lunes, a la radio estatal, que hubo una “pésima gestión” y anunció que se harán auditorías especiales a la empresa, aunque “ya hay demandas penales contra los involucrados en esa situación por los supuestos delitos de incumplimiento contratos, de deberes y conducta antieconómica”.
El Decreto Supremo señala, en su artículo 5, que posterior al cierre de la ECE, la Contraloría General del Estado realizará auditorías especiales sobre la gestión y administración de la ECE y otras que correspondan.
La ECE nació tras la liquidación del Comando de Ingeniería del Ejército y con una deuda de 40 millones de dólares, adquirida del banco chino Eximbank, para equipar seis batallones de ingeniería de las FFAA, crédito que será cubierto por el Tesoro General de la Nación (TGN), al ser el garante, señala el D.S. 2507 en su disposición final.
Por la quiebra de la ECE, el Ejército perdió al menos 15 bienes inmuebles, que pasarán a propiedad del Ministerio de Economía.
Las deudas a acreedores, así como pasivos contractuales, aduaneros, tributarios, laborales, sociales y gastos en procesos judiciales, administrativos, entre otros, serán asumidas por Cofadena (Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrolló Nacional).
El Gobierno también autoriza un fideicomiso de 5.000.000 bolivianos, en favor de Cofadena, para reactivar la maquinaria y equipos que le sean transferidos por la ECE y el liquidado Comando de Ingeniería del Ejército.
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