Resistencia al referéndum

Numerosos argumentos de consideración han originado notable resistencia popular a la realización de un referéndum convocado por el Gobierno, para la aprobación o rechazo de la ciudadanía a un proyecto de Estatuto Autonómico, al que deberán someterse los gobiernos de los nueve departamentos del país.

Esa resistencia al referéndum convocado no estaría dirigida al estatuto en sí, sino debido a que el acto electoral no reúne las condiciones necesarias para aprobar o rechazar la medida legal propuesta. Es más, en caso de aprobarse sin la condición del estudio y consulta previos, podría originar una serie de contratiempos a las autoridades encargadas de ejecutar la medida y, más a la corta que a la larga, una serie de dificultades no sólo para la ciudadanía sino también para los organismos administrativos encargados de ejecutarla.

La opinión pública observa que el proyecto del aludido estatuto fue difundido con notable tardanza y, en esa forma, la población no pudo tener acceso a sus “ciento siete artículos, cuatro disposiciones transitorias y disposición transitoria final”, vale decir que no fue sometido a la imprescindible democratización (también llamada socialización) que obliga el caso. El hecho de que a último momento, soldados del Ejército entreguen de “puerta en puerta” el documento, no quiere decir que la ciudadanía acepte o se oponga al contenido del documento.

Las críticas al referéndum agregan que se trata de una convocatoria precipitada y que bien podría haber sido convocado en oportunidad más adecuada a la voluntad del Soberano y, naturalmente, cuando hubiese creado conciencia no sólo de su forma, sino principalmente de su contenido, el mismo que, por lo demás, ha sido hasta el presente un secreto guardado bajo siete llaves.

La opinión objeta el referéndum convocado porque piensa que no debe limitarse a tener el folleto en sus manos, sino porque no tendrá tiempo para leerlo y menos para estudiarlo y discutirlo con su familia, amistades y partidarios políticos.

En efecto, el referéndum en cuestión sería más aceptable en caso que el Gobierno hubiese realizado una campaña intensiva por los medios de comunicación (gran parte de los cuales estarían bajo su administración) y por lo menos haber efectuado charlas, comentarios y debates que puedan haber llegado ya no sólo al entendimiento de la población, sino a su concientización. Esta última actitud habría sido realmente plausible y de orientación democrática y no absolutista.

La ciudadanía no puede votar por algo que no conoce, lo que equivaldría a firmar un documento sin conocer su contenido o firmar simplemente un papel en blanco y sin saber de qué se trata, actitud que le estaría haciendo caer en el delito de firmar cheques con fecha antedatada. Esos aspectos originarían, entre otros, la resistencia y hasta oposición al referéndum que, en este caso, por tanto, no consistiría en un mecanismo de democracia directa y participativa.