Referéndum

Confusión entre “hacer campaña” y “opinar” genera acusaciones

El ministro de Autonomías, Hugo Siles, acusó al gobernador Félix Patzi de intentar “boicotear” el referéndum en La Paz


HUGO SILES.
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Pese a las aclaraciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre las diferencias que se deben tomar en cuenta al momento de hacer campaña y opinar sobre los estatutos autonómicos y la realización de los referéndums, aún se manifiestan posturas que generan confusiones y acusaciones entre oficialistas y opositores.

Patzi observó 16 artículos del Estatuto Autonómico en La Paz e insistió en “abrir” el documento para su revisión, aseguró que existe falencia que van en contra de la identidad cultural de los paceños, ya que poseería características neoliberales. “La población indígena tiene prácticas y mecanismo más deliberativos, eso es lo que debe respetar el estatuto” dijo.

Las declaraciones, que según Patzi son impresiones personales, fueron calificadas como una campaña en contra del referéndum por parte del ministro de Autonomías, Hugo Siles, quien además acusó a la autoridad paceña de intentar obstaculizar un proyecto del que él mismo fue parte.

“La elaboración del estatuto en La Paz tuvo un proceso de construcción que demandó cinco años. Rechazar el estatuto para los paceños es ir en retroceso. (…) Patzi está en contra del estatuto, hace campaña por el No, moviliza a la gente de la Gobernación y eso es estar definitivamente en el margen de la ley”, dijo el ministro.

Consultado sobre la posibilidad de interponer una denuncia en contra de Patzi, Siles aseguró que debe ser el TSE el que debe monitorear ese tipo de actitudes para actuar conforme a la norma.

“Si revisan sus declaraciones alusivas al estatuto, le dicen a la gente que voten por el No, incluso hubo una marcha, esa gente es de Sol.bo (Soberanía y Libertad). Si querían hacer campaña por qué no se inscribieron por el No. Era mucho más transparente, eso hubiera permitido vernos las caras en cancha pero no se inscribieron”, aseveró Siles.

Para el Ministro de Autonomías, las declaraciones del Gobernador paceño son parte de un “boicot” contra el referéndum del próximo 20 de septiembre, ya que con sus declaraciones estaría confundiendo y desinformando a la población.

Una vez más acusó a Patzi y al alcalde de La Paz, Luis Revilla, de no tener ética y moral, porque habrían participado del proceso de elaboración del mismo.

Entretanto, entidades estatales y autoridades oficialistas son acusadas por la oposición de hacer “campaña abierta” por el Sí a los estatutos, actuando como operadores del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Al respecto, el ministro Hugo Siles aseguró que desde su cartera de Estado se desarrolla la socialización de los estatutos y cartas orgánicas en las seis regiones que irán a referéndum. “Hacemos campañas de información, aportamos con material didáctico a la ciudadanía. Estamos en ese trabajo, la ley electoral nos permite en nuestra calidad de Ministerio”, explicó.

EXPLICACIÓN DEL TSE

Con anterioridad, el vocal del TSE, José Luis Exeni, aseguró que autoridades departamentales y municipales pueden opinar sin restricciones ya que la libertad de opinión es un derecho constitucional que el Órgano Electoral respeta plenamente.

“Cualquier autoridad, independientemente de su cargo, y hablamos de alcaldes, gobernadores, del Presidente, ministros, tienen toda la libertad para emitir su opinión sobre el proceso del referéndum y acerca de los estatutos o cartas orgánicas”, manifestó.

Aclaró que no está permitido, según la norma, hacer campaña o propaganda electoral ya sea en actos públicos o en propaganda pagada en medios solicitando el voto por el Sí o por el No. “Mucho menos utilizando recursos públicos y en horarios de oficina”.

DENUNCIAS

Sobre posibles denuncias acerca de servidores públicos que estarían realizando campaña en horarios de oficina y utilizando recursos públicos, el vocal Exeni afirmó que hasta la fecha no se ha recibido ninguna denuncia en el TSE y que, en caso de comprobarse deben ser remitidas, inicialmente, a los tribunales departamentales, para posteriormente, ponerlas a conocimiento de la Contraloría General del Estado.

 
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