Gobierno busca anular laudo del Ciadi

La Procuraduría General del Estado (PGE) presentó este lunes un requerimiento de anulación al laudo arbitral que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) dictó en favor de la minera chilena Quiborax el pasado 15 de septiembre. El fallo resuelve una indemnización de 48.6 millones de dólares.

“Se ha evidenciado de que (el laudo) contiene gravísimas violaciones al procedimiento mismo de las normas del Ciadi. Se ha evidenciado que el mismo carece de una fundamentación correcta y sustentable para el resultado al que arriba. Y lo más importante, se ha evidenciado en el laudo y durante toda la tramitación de este proceso una serie de extralimitaciones en las facultades del Tribunal”, informó el procurador Héctor Arce en conferencia de prensa.

Tras un proceso arbitral que inició en 2006 a iniciativa de la gestión del expresidente Carlos Mesa y de la continuidad de Eduardo Rodríguez, la Ciadi emitió el anterior martes un laudo final que instruye un pago de 48.6 millones de dólares a favor de la empresa minera chilena Química e Industrial de Bórax (Quiborax).

ANTECEDENTES

Arce explicó que la solicitud de nulidad al fallo del Ciadi -centro del que Bolivia se retiró en 2007- se sustenta en las arbitrariedades que el país sobrellevó por “parte del tribunal arbitral”. Agregó que el documento jurídico fue recibido por la secretaría del Ciadi la mañana de este lunes.

En entrevista con el diario chileno La Tercera, publicada este domingo, el gerente de Administración y Finanzas de Quiborax, Allan Fosk, aseveró que durante todo el proceso Bolivia cambió constantemente los abogados, no asumió los costos del tribunal arbitral e interpuso distintas acciones legales para desacreditar a la defensa internacional que tomó la compañía.

ULEXITA

La empresa chilena se dedicaba a la explotación del mineral ulexita en el Salar de Uyuni (Potosí), pero en junio de 2004, mediante Decreto Supremo 27589, el expresidente Mesa le revocó la concesión minera otorgada a su firma matriz Non Metallic.

“Ha habido una serie de situaciones y justificativos, no había una legalidad en las supuestas inversiones chilenas y sí había una explotación no beneficiosa para el Estado de un recurso natural que se estaba realizando al margen de la ley”, complementó Arce al precisar que ahora el Ciadi debe conformar un nuevo tribunal ad hoc para que aborde la solicitud boliviana.