Sin duda, el tema de la Justicia en el país es uno de los más calamitosos y de agudas consecuencias negativas en el seno nuestra sociedad. El propio presidente Evo Morales lo reconoció en su discurso-informe del 6 de agosto pasado, como “un tema pendiente” de su Gobierno y prometió convocar a una “cumbre”, otra de la muchas que han existido en sus repetidas gestiones.
Moros y cristianos coinciden en que la Justicia boliviana se caracteriza por retardación, dilación, corrupción y falta de infraestructura, pero en lugar de atacar esos males, el Gobierno llevado por su plan de controlar el poder total, consolidó su presencia en los tribunales con la elección de la cúpula de la magistratura, previa selección sectaria por la Asamblea Legislativa. Vale la pena recordar que la ciudadanía no respaldó esa elección, se abstuvo o votó nulo. De modo que los favoritos carecieron y carecen de legitimidad. El remedio resultó peor que el mal y el primer mandatario lamentó que de nada sirvieron “los ponchos y las abarcas en la Justicia”.
El oficialismo habla ahora de volver al sistema meritocrático para lo cual se requiere reforma constitucional. Cuando en estos días el Conalcam (léase el MAS), propone la reforma de la Carta Magna para una nueva reelección de su líder, olvida incluir otras enmiendas necesarias y sobre todo el tema de la Justicia, lo que significa privilegiar sólo y exclusivamente la reproducción del poder.
La prometida “cumbre” (la que no se volvió a mencionar) nada aportará, como no aportaron las realizadas. Es que no es método adecuado para el estudio de ningún problema del país. No es otra cosa que una asamblea, plagada de todos los males que de éstas se conoce. Las reformas meditadas no pueden emerger sino de análisis medulares de laboratorio. Lo que no reúne esa virtud, es mera demagogia.
Entre los factores de mejoramiento de la administración de justicia, se subraya el incremento del presupuesto que el Estado asigna al rubro y con ello se especula la necesidad de un aumento de los sueldos de magistrados y jueces. Al corrupto no le frenan estos estímulos, la clave radica en una selección más idónea y apolítica del personal, cosa desaparecida hace muchas décadas, “cuoteo” de por medio.
Entre los males de la retardación y demás aquí mencionados, se obvia la falta de personalidad de los jueces. Está visto que en su mayoría carecen de ese requisito fundamental. Tan es así que por temor a ser vistos como enemigos del régimen, hace pocos días el Tribunal Departamental de La Paz dio otra muestra de falta de independencia. Se trata del fallo que con evidente miedo e injusticia dio por bien hechas las obras en Miraflores para la línea Blanca del Teleférico, cuya negativa invocaba la vecindad afectada. Este Tribunal Departamental no fue capaz de imitar -si cabe el término- a sus colegas de Guatemala que horas antes procesaban nada menos que al presidente de la República por un caso de corrupción. Tampoco les sirvió de algo el similar paradigma de sus pares brasileños, que libres y dignos vienen juzgando a los todopoderosos de Petrobras por delitos de corrupción y se aprestan a llevar el brazo de la Justicia a los más altos niveles del poder, por ejemplo, a la mandataria Dilma Rousseff y a Inácio Lula da Silva, expresidente populista.
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