Pacto Fiscal: nuevamente en la agenda nacional

Con el grave conflicto social de Potosí, el llamado Pacto Fiscal nuevamente ha cobrado relevancia. En juego está el uso de los recursos públicos, en particular aquellos que provienen de regalías producto de la explotación de algún recurso natural. En el contexto del avance de procesos autonómicos, que en el caso boliviano tiene limitaciones impuestas por la tendencia centralista, que siempre estuvieron presentes, definir el Pacto Fiscal es fundamental.

La regalías, que nacieron como producto de la presión social, en particular por parte de Santa Cruz a raíz de la explotación del petróleo en los años 50, en realidad han dado lugar al nacimiento del “rentismo”, que es una forma de obtener ciertos beneficios solo por el hecho de que un determinado recurso natural se encuentra en determinado territorio. Este rentismo no es proporcional a esfuerzo social propio alguno. El mecanismo que sí brinda resultados es la presión social, como un legítimo instrumento para obtener mayores beneficios, especialmente cuando las necesidades aumentan.

Al margen de la regalía, quienes realizan el esfuerzo de producción, sea público o privado, recibirán una ganancia que deberá compartir con la sociedad en su conjunto, a través de un determinado tributo. El impuesto es sobre las utilidades, como ocurre con cualquier miembro de la sociedad cuando genera un ingreso (riqueza), por lo cual paga una fracción del mismo al Estado, para que éste cumpla una determinada acción o tarea que le fuera encomendada por la sociedad en su conjunto, que representa un bien común.

Por esta razón, también se debería tratar el sistema tributario en un Pacto Fiscal. Con mayor razón cuando estos recursos provienen de una fracción de la generación de la riqueza producida por la sociedad o por el propio Estado, cuando éste asume el papel de productor, especialmente de bienes, con los cuales el gobierno central, las gobernaciones y los municipios puedan cumplir con su responsabilidad, realizando un gasto o una inversión pública, que de acuerdo con el Pacto Fiscal debería hacerlo bajo ciertas condiciones además de estar socialmente convenido.

En el caso de los servicios que realiza el Estado, si bien también representan un esfuerzo productivo, la generación de excedentes debería servir básicamente para su expansión o mayor cobertura y mejoramiento, por lo que no podrían ser distribuidos o utilizados para otros fines, salvo que la sociedad esté plenamente satisfecha, lo cual es muy difícil solo considerando el crecimiento vegetativo, especialmente en poblaciones jóvenes como la nuestra.

En rigor del razonamiento anterior, no debería ser necesario este Pacto, si consideramos que la sociedad supuestamente está representada en el Congreso, de modo que a tiempo de aprobar un Presupuesto se estaría definiendo los lineamientos del gasto en función de determinadas metas u objetivos que satisfacen a la sociedad en su conjunto. Pero como en la práctica el Congreso ha perdido su real representatividad, negando además a las minorías su legitimidad para dirimir o influir en este asunto, las regiones con sus fuerzas sociales representativas, municipios, universidades y cualquier otra institución pública, han encontrado un mecanismo para obtener recursos a partir de la torta disponible del Estado, lo que ha generado otro vicio capital, como es el “paternalismo” del Estado, donde el Presidente y la cúpula gobernante de turno adquieren un papel cada vez más mesiánico.

Este asunto se ha complicado más aún con la aparición del impuesto ciego, o Impuesto al Valor Agregado (IVA), que sustituyó al sistema tributario directo sobre la renta de las personas. Antes del Decreto Supremo 21.060, en 1985, al ser más progresivo y equitativo, el tributo directo sobre la renta era un mejor sistema.

En aquella oportunidad, por razones de simplificación e inmediatismo, se impuso este sistema, cuya historia conviene recordar, ya que con ello la recaudación tributaria se concentró en torno al gobierno central, de manera que éste, como un acto de generosidad, le asigna alguna transferencia a los Departamentos o coparticipa una fracción con los municipios y universidades, al margen de sus recursos propios correspondientes, que en la mayor parte de los casos son insignificantes.