Los resultados parciales por el NO en el referéndum del Estatuto Autonómico son más que elocuentes, antes que nada avalan la madurez que va adquiriendo la ciudadanía nacional sobre la importancia de sus decisiones a través del voto. La contundencia de esta negativa parece descartar cualquier manipulación que pueda provenir de algunos Tribunales Departamentales Electorales del interior, que no dieron notas de confiabilidad en anteriores elecciones.
Son varios los factores que influyeron en esta clara respuesta a los planes del oficialismo en materia electoral y política. Una de sus estrategias fue vincular estruendosamente la propuesta del Conalcam para una reiteradísima reelección del presidente y vicepresidente en una fecha próxima. Este intento creía que los ciudadanos -en especial en el campo- confundirían el referéndum autonómico con el voto a favor de la nueva reelección. No sólo resultó todo lo contrario, sino que se debe tomar como una advertencia contraria al continuismo.
Moros y cristianos atribuyen el voto mayoritario del NO a una falta de información sobre el Estatuto Autonómico. La verdadera causa del pronunciamiento en las urnas obedece a haberse percibido que la disposición fue elaborada autoritariamente por la mayoría masista en la Asamblea Departamental y sin la participación de amplios sectores, entre ellos los profesionales y otras instituciones de cuyo aporte no se debía prescindir, considerando la índole y el destino del Estatuto. De nada hubiera valido una difusión reiterativa de algo carente de precisiones y repetitivo de normas constitucionales.
Entre otras ausencias, la redacción se refiere al Pacto Fiscal -vital para el departamento de La Paz- sólo en sentido de una “distribución equitativa”. Se trata del documento que debe ser la piedra fundamental del derecho de La Paz a poner en el tapete de la discusión que el IDH se reparta de acuerdo con la población que alberga cada departamento y no en partes iguales entre los 9 departamentos, como viene ocurriendo por años. Este derecho, por supuesto, deja a salvo las regalías destinadas a las regiones productoras de hidrocarburos. El Estatuto incurre en otra injusticia al otorgar al campo el 63% de la representación en la Asamblea Departamental, destinando el sobrante al sector urbano, además de contemplar un número de escaños para los pueblos indígenas, elegidos por usos y costumbres, sin tener en cuenta que la mayoría habita en áreas urbanas. En fin, no hay previsiones explícitas en relación con el desarrollo y crecimiento departamental.
Otro aspecto limitativo de un desenvolvimiento verazmente democrático del evento, ha sido el requisito de inscripción para la propaganda por el SÍ o por el NO. Por el primero se habilitó al MAS, a un “Comité Cívico” y a la Csutcb. Dicho Comité fue validado por el oficialismo pese a su inexistencia y absoluta falta de representatividad. El oficialismo se apoyó en la sigla de ese Comité a modo de dar algún contenido al auspicio de la fórmula Sí.
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