Rechazo de cuatro países
Bruselas.- Los ministros del Interior de la Unión Europea (UE) aprobaron ayer el reparto de 120.000 refugiados llegados a territorio comunitario, pese al voto en contra de Eslovaquia, República Checa, Hungría y Rumanía.
Aplazaron no obstante la distribución de 54.000 de esas personas a un segundo año de aplicación de la medida.
“Hubiéramos preferido una adopción por consenso, pero no ha sido posible. Algunos Estados miembros no han querido formar parte de esa amplia mayoría y han hecho constar otras opiniones legítimas, pero no tengo dudas de que implementarán la decisión”, afirmó el ministro de Inmigración y Asilo de Luxemburgo, Jean Asselborn, cuyo país ocupa la presidencia de la UE, al término de la reunión.
Finlandia se abstuvo en la votación, que fue por mayoría cualificada, y tampoco votaron el Reino Unido, Dinamarca e Irlanda, que gozan de derechos de no participación en materia de Justicia e Interior.
El ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, sostuvo que la solidaridad de los Veintiocho “no es forzada” y que todo el mundo ha entendido que la UE debe estar “a la altura de las circunstancias”.
Explicó además que el rechazo de estos cuatro países no se debió a que tuvieran reservas de fondo a acoger refugiados, sino porque tenían dudas de que un mecanismo de reparto como la adoptada pudiera generar un efecto llamada y preferían actuar sobre las raíces del problema.
La distribución del total de 120.000 refugiados entre países se realizará en dos etapas: primero se trasladará a 66.000 personas desde Grecia e Italia al resto de Estados miembros, y en una segunda fase a las otras 54.000.
Este segundo grupo también procederá en principio de los centros de refugiados de Grecia e Italia, a menos que la situación en el terreno haya cambiado o un estado tenga una emergencia, en cuyo caso la Comisión Europea (CE) podrá presentar una propuesta para modificar esta decisión y proponer otros beneficiarios.
Para que la puesta en marcha del reparto pueda comenzar es condición sine qua non que Grecia e Italia tengan en funcionamiento los centros de registro y toma de huellas dactilares de los refugiados, con asistencia de equipos de expertos comunitarios. (EFE)
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