Se impuso la verdad en el Tribunal de La Haya

Como se esperaba, se impuso la verdad en la Corte Internacional de Justicia de La Haya que, luego de muchas deliberaciones sobre los planteamientos bolivianos y la posición contraria del Gobierno de Chile, sobre si ese tribunal tenía o no competencia para tratar el caso planteado por nuestro país, aprobó por 14 votos a favor y 2 en contra de sus componentes, que tiene facultad para estudiar el caso boliviano en el marco del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas “Pacto de Bogotá” suscrito en Bogotá el 30 de abril de 1948.

El mencionado Pacto, en su artículo 31, dice: “De conformidad con el inciso 2º del artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, las altas Partes Contratantes declaran que reconocen respecto a cualquier otro Estado Americano como obligatoria ipso facto, sin necesidad de ningún convenio especial mientras esté vigente el presente Tratado, la jurisdicción de la expresada Corte en todas las controversias de orden jurídico que surjan entre ellas y que versen sobre: a) La interpretación de un Tratado; b) Cualquier cuestión de Derecho Internacional; c) La existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituiría la violación de una obligación internacional; d) La naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional”.

El caso, para Bolivia y para Chile, es claro, terminante y definitivo en relación con la competencia que tiene La Haya sobre el problema planteado; pero lo sensible es que el Gobierno chileno no reconoce que Bolivia no pedía ni esperaba una decisión para solucionar inmediatamente, o ipso facto, el problema del enclaustramiento boliviano; pedía que sea ese Tribunal el que analice, examine, trate y, si fuera posible, y en su momento, resuelva el caso. Ahora, luego de la decisión de la CIJ en La Haya, la presidenta chilena Michelle Bachelet y su Canciller se han referido a que “Chile no renunciará a su integridad territorial”. Consta al país vecino, como a todos los bolivianos que, con la decisión dada a conocer ayer, 24 de septiembre, no se ha afectado la “integridad territorial” de nadie y menos de Chile.

El que el Tribunal de La Haya tenga jurisdicción, es motivo de satisfacción e infunde en todos los bolivianos la certeza de que se haga justicia considerando nuestros derechos.

La resolución, pues, abre las compuertas para que La Haya pueda tratar, en su momento, el caso de los derechos de Bolivia a contar con una salida al océano Pacífico como medio, inclusive, de reparación por el grave daño ocasionado por Chile al haberse apoderado de una costa de 400 kilómetros que poseía Bolivia hasta la Guerra del Pacífico que se inició con la invasión a Antofagasta por parte del ejército chileno en el año 1879.

Ahora, Bolivia, y como siempre lo ha demostrado, actuará con la serenidad, la mesura, el tacto y la responsabilidad necesarias para plantear su magno problema ante el Tribunal de La Haya. Esto no quiere decir, en absoluto, que no puedan haber relaciones con Chile y menos que no se inicien conversaciones sobre nuestro problema y otros que es preciso resolver. Bolivia, pacifista en grado extremo, tiene conciencia de que el diálogo puede abrir todas las posibilidades para soluciones francas y definitivas; entretanto, queda con la sensación de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya ha mostrado su derecho a tratar cualquier problema puesto bajo su consideración y respectiva resolución.