El “No”, ¿un mensaje incomprensible?

La tendencia al rechazo a los Estatutos autonómicos constatados en los primeros informes de resultados del referendo del 20/09 denota, sin duda, el descontento de diferentes sectores sociales, que difícilmente se la podría catalogar bajo el rótulo de oposición. El rechazo no tiene un solo protagonista, un sector o una región; probablemente no haya en él solo una razón ideológica, una desilusión sectorial o una frustración regional; sin embargo, todos juntos configuran un sentimiento de hartazgo, una mezcla de negatividad e impotencia, por la imposibilidad de una amplia participación en la redacción de un Estatuto promotor del desarrollo departamental.

El voto por el “No” literalmente es simplemente un rechazo, no es propiamente una propuesta; pero hay que admitir que es complejo y ambiguo, que puede dar lugar a diferentes interpretaciones.

Los partidos tradicionales aplauden el rechazo a los Estatutos, porque ven en él el indicio inequívoco de debilitamiento del oficialismo, aunque les pesa no poder capitalizarlo. Las regiones descontentas han encontrado la oportunidad de mostrar que el gobierno tiene el poder, pero no para ejercerla traicionando a sus mandantes, ignorando sus demandas, o negándose a dialogar sobre ellas, como hicieron con Comcipo. Los electores de La Paz, Potosí y Chuquisaca tenían motivos para estar descontentos. Los resultados inesperados fueron en Oruro y Cochabamba, donde se daba por descontado que la aprobación de sus Estatutos sería puro trámite.

El principio abstracto de soberanía popular ha cobrado vida en el rechazo a los Estatutos y, de alguna manera, censura al TSE obsecuente que, con solo excusas administrativas, arrastró al electorado a un oneroso referendo a sabiendas de las enormes deficiencias técnico-jurídicas y problemas de legitimidad que se evidenciaron en los escasos debates realizados.

Otros datos recogidos nos permiten conjeturar que, en parte, el rechazo a los Estatutos se debió a la escasa representatividad de sus autores, los asambleístas departamentales mayoritariamente masistas, quienes lejos de generar consensos han hecho prevalecer su vocación centralista. Si bien se ha constitucionalizado un listado amplio de competencias para los gobiernos departamentales, transcrito íntegramente en el cuerpo de los Estatutos autonómicos, adolece de medios financieros para promoverlas, incluso imposibilitando su obligatoriedad como señala la norma. Es evidente el vacío relativo a los mecanismos financieros de las gobernaciones y se sabe de antemano que no es posible un gobierno departamental sin financiamiento.

Por el contrario, el gobierno central concentra amplias potestades para el manejo de las fuentes de financiamiento (las principales exportaciones y el sistema tributario), realiza las mayores inversiones sin criterios de prioridades ni un plan de desarrollo sostenible con equidad.

La interpretación oficialista (García Linera) del rechazo a los Estatutos más que una conclusión es un sofisma, de que el electorado ha rechazado la autonomía para fortalecer el centralismo, poniendo en cuestión los resultados de los referendos autonómicos y constitucionalizados el año 2009, con una derivación, reproducir el poder del partido de gobierno, liderado por sus caudillos.

El oficialismo pretende ignorar el nuevo escenario donde es visible el descontento de diferentes sectores y regiones contra los excesos del poder. Se puede decir que el rechazo mayoritario a los Estatutos es el anticipo previsible de otra iniciativa del gobierno, la reforma constitucional para la re-re-reelección de los candidatos del MAS, hasta el año 2030.