Emergen contradicciones entre Valda y Belaunde

De acuerdo con el informe brindado por el fiscal general Ramiro Guerrero, Martín Belaunde no declaró sobre los contactos que mantuvo con el entonces ministro de Gobierno, Jorge Pérez, lo cual está en contradicción con las declaraciones hechas por su exabogado en Bolivia, Jorge Valda, quien reveló que, mediante dos funcionaros, realizó enlaces para pagar elevadas sumas de dinero a cambio de lograr ayuda que le permita fugar a Belaunde. Antes, para lograr el estado de refugiado político, negado en dos ocasiones.

El fin de semana anterior, medios de comunicación peruanos dieron a conocer uno de tres audios, en los que se evidenciaría que el también exministro de Gobierno, Jorge Pérez, mantuvo contactos privados con Belaunde desde diciembre de 2014.

Dicho audio, se produjo un mes antes de que Pérez fuera desplazado de su cargo por Hugo Moldiz, a quien le costó el cargo la inverosímil fuga que el peruano emprendió el 24 de mayo, pese a que Moldiz ordenara de forma directa al entonces comandante de la Policía, general Luis Cerruto, que triplicara la guardia en el domicilio de Bajo Llojeta donde Belaunde guardaba detención domiciliaria.

EXTORSIÓN

El 10 de junio se reveló que dos supuestos funcionarios, Rodrigo Quispe y George Peter Nava, “pidieron a nombre” de un exministro de Gobierno la suma de 500.000 dólares, según la declaración de Valda, ante la comisión de fiscales.

Valda fue detenido mientras se dirigía a la ciudad de Sucre cuando estaba acompañado de la hija de Juliano Arista (‘Curaca Blanco’), un día después que se conociera la fuga del peruano. De acuerdo con Alberto Morales, el abogado que lo representaba en ese entonces, Valda llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, para someterse a un proceso abreviado.

Para el mismo pacto se acordó develar los nombres de funcionarios públicos y judiciales que solicitaron dinero a cambio de ayudar en la fuga de Belaunde. Sin embargo, Morales denunció que su cliente había sido utilizado y que las declaraciones estaban siendo empleadas de forma selectiva para apartar del caso a miembros del Órgano Ejecutivo.

“El doctor Valda ha prestado la anterior información y la Fiscalía ha sido selectiva en el uso de ese aporte y sólo se ha empeñado en involucrar a dos vocales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Ramiro López y Ricardo Chumacero. El cohecho que recibió Valda no era con relación a los dos vocales, él no les entregó un peso a ellos, era con relación a miembros del (Órgano) Ejecutivo, esa selectividad me aterra”, explicó Morales que, en ese entonces, se negó a revelar los nombres de los miembros del Órgano Ejecutivo que estaban implicados por la comisión de fiscales.

RAMIRO GUERRERO

De forma extraña y en contrapartida con todos estos datos, el fiscal general, Ramiro Guerrero, informó el viernes último que Belaunde, en el marco de la declaración que prestó ante fiscales bolivianos en Perú, el pasado agosto, no hizo referencia a otro nombre, mucho menos de personeros o funcionarios de Gobierno, por lo que para Guerrero no existe contradicción, pues Belaunde no menciona a otra autoridad para evaluar su investigación.

Pero, el audio donde se escucha a Pérez hablar presuntamente con Belaunde, así como las declaraciones de Morales del 11 y 12 de junio, contradicen la línea de investigación que el Ministerio Público ha tomado, pues tanto Guerrero, como los miembros de la comisión de fiscales, han dejado en claro que Pérez, quien prestó su declaración también el viernes pasado, no fue convocado para esclarecer el contenido del audio, sino únicamente para dar más referencias sobre la evasión de Belaunde.

NOMBRES

El 11 de junio, al día siguiente de que Valda fuera enviado con detención preventiva a San Pedro, Morales reveló quiénes eran los funcionarios que a nombre de los titulares y jefes de unidades de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare), el Ministerio de Gobierno, Ministerio de Justicia y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) supuestamente extorsionaron con el pago de elevadas sumas de dinero al empresario peruano Belaunde.

Morales aclaró que los datos, con nombres, apellidos, fechas, lugares, motos de dinero en dólares y números de celular fueron entregados por Valda a los pocos días de su detención, luego de llegar a un acuerdo con la comisión de fiscales para someterse a un proceso abreviado y evitar ser enviado a la cárcel.

FUGA

Pero el dato más relevante en esos días fue el relacionado con los dos supuestos funcionarios del Ministerio de Gobierno, quienes, a nombre del entonces titular de la cartera, Hugo Moldiz, pidieron el medio millón de dólares, con la condición de desactivar todos los sistemas de seguridad de la detención domiciliaria y de esa manera facilitar la fuga de Belaunde.

Valda estuvo en reuniones sostenidas en la ciudad de Santa Cruz con los choferes que transportaron a Belaunde hasta la localidad de Magdalena, luego de su fuga a Trinidad. El chofer Rodrigo Quispe Quispe, después de someterse a proceso abreviado, fue puesto en libertad.

En junio de 2009, tras el atentado al canal 4 de la ciudad de Yacuiba, de la Red Unitel, Nava fue detenido por la Policía con una credencial de la seguridad presidencial.

Morales –defensor del abogado Jorge Valda–  relató a la prensa que “el teniente George Peter Nava y el civil de apellido Quispe visitaron el inmueble donde Belaunde guardaba detención domiciliaria, para ofrecer, a nombre de Moldiz, que ellos podían garantizar la fuga segura por 500 mil dólares y que durante 24 horas desactivarían todo mecanismo de control”.

SINDICACIÓN DE MOLDIZ

El pasado lunes, el exministro de Gobierno Moldiz, respaldado por el audio difundido en los medios peruanos, reveló varias falencias en cuanto al trabajo de resguardo que la Policía Nacional debía cumplir y dejó en claro que los contactos que se hicieron y de los que podrían haber sido mencionados por Valda fueron hechos mientas Pérez aún era ministro, en diciembre de 2014.

Moldiz, a tiempo de señalar que Pérez nunca le informó sobre estos contactos con Belaunde, afirmó que este debería dar una explicación al Ministerio Público de lo que dijo y el porqué lo dijo, en la conversación revelada, y mencionó la posibilidad de presentar un memorial a la justicia para que esto suceda.