Municipios en la actividad energética

Estuvimos viendo el “incentivo” que el Estado central quiere proporcionar a la actividad exploratoria de hidrocarburos utilizando fondos de municipios/gobernaciones.

La “idea” sería que aquellos montos que legalmente les corresponden a municipios/gobernaciones por concepto de ingresos del IDH (ingreso directo por hidrocarburos) sean “invertidos” en proyectos de exploración que el Ejecutivo Central previamente les indique; sobre el particular el presidente de la estatal de petróleo planteó (9 de septiembre de 2013) “la postergación del pago del IDH y regalías a las gobernaciones y alcaldías de tres a cinco años respecto de los nuevos campos que entren en operación con futuros descubrimientos”.

La idea no debería ser mala, pero de momento al no haber una Ley de Hidrocarburos esos capitales corren el riesgo de ser utilizados por el Estado central sin observación ni control.

El entonces ejecutivo de la estatal mencionó, inclusive, la palabra “pausa” para que municipios/gobernaciones “no cobren durante tres años” el IDH.

La propuesta tiene dos elementos con los que varios analistas coinciden y expertos en finanzas petroleras me han informado: por un lado “aliviar” la obligación legal del Estado central con las regiones (municipios y gobernaciones) en entregar IDH a municipios/gobernaciones; y la segunda es hacerse de un capital para seguir intentando en proyectos de exploración sin la “espalda” de capitales externos.

Esa “movida”, me indican mis amigos -verdaderos expertos en análisis financiero energético-, sólo es un parche a la verdadera “cuestión” energética boliviana; coincido y ratifico la sugerencia de encarar una Reforma Energética integral que cabalmente sea a través de la discusión de políticas públicas y de una nueva Ley de Hidrocarburos que, entre otros aspectos, podría normar el acceso de capitales privados y públicos (en este caso de gobernaciones y municipios) a proyectos energéticos; pero habiendo la ley previamente y sin necesidad de esa “pausa” en el cobro de IDH, porque esos son derechos ya adquiridos que no deben ser objeto de “pausas”.

Las gobernaciones y municipios son soberanos en el ejercicio de sus finanzas públicas; poner dinero o no hacerlo para proyectos específicos energéticos debería ser sin esa “pausa” (obligatoria o consencuada) en el cobro de sus derechos (como IDH y otros).

Me suscribo a las voces de algunos municipalistas y expertos en finanzas públicas que indican que esa propuesta requiere análisis financiero muy cauteloso, para evitar que presupuestos de gobernaciones y de municipios sean mal utilizados o perdidos como producto de actividades que son requirentes de alto capital a muy alto riesgo. Parecería que es una “inversión forzada”, según explican algunos.

Leí en la prensa que la FAM está a la espera de la convocatoria del Gobierno para discutir los puntos de la nueva norma y que uno de ellos es que se asegure la devolución de los recursos invertidos. Reitero mi consejo, si es que es válido, que la única forma de garantizar esas “inversiones” es mediante una nueva Ley de Hidrocarburos que establezca que municipios y gobernaciones pueden ser inversionistas de proyectos (de producción, de comercialización, de industrialización de gas, petróleo, electricidad) con su propio riesgo, pero sin comprometer sus ingresos establecidos por ley: como el IDH y otros.

El Gobierno Departamental de Santa Cruz indicó que la propuesta del Ejecutivo de crear un fondo de incentivos para las empresas petroleras con recursos del IDH es “dañino” para las regiones, porque perjudicará la ejecución de diferentes obras y proyectos.

La caída de precios del petróleo a niveles históricamente pequeños creo que, en este punto, desecha la idea general de “utilizar IDH” y desecha la “pausa”. Municipios y gobernaciones deben atender al ciudadano, de manera prioritaria con salud, infraestructura, educación, etc., y no pensar -de momento- en diversificar sus inversiones en proyectos de riesgo con el barril de petróleo tan bajo.

De todas formas, la última palabra la tiene el pueblo soberano.

El autor es consultor del sector privado, sigue sus análisis en Twitter: @bguzqueda