Guarderías municipales deben mejorar condiciones

Luego de una inspección a los diferentes centros municipales de atención a menores, la Defensoría del Pueblo en la urbe alteña informó que muchos de estos centros tienen falencias en su infraestructura y carecen de material didáctico para la atención de 5.600 infantes.

La ciudad de El Alto cuenta con 80 centros infantiles administrados por el Municipio, los que albergan un promedio de 70 menores entre los seis meses a cinco años de edad.

El presupuesto con el que trabaja el programa municipal es de 5.000.000 de bolivianos, pero el presupuesto requerido para brindar una atención aceptable es de Bs 9.558.000, de acuerdo a la verificación de la entidad.

El programa trabaja con el sistema de corresponsabilidad, con los padres de familia y juntas de vecinos, los últimos apoyan con la dotación de infraestructura, salvo algunos centros que son apoyados por la iglesia católica. Además, los padres de familia efectúan un aporte económico que fluctúa entre los 70 a 90 bolivianos por mes, dirigido a la compra de alimentos frescos además de trabajos comunales.

DEFICIENCIAS

De acuerdo con la Defensoría, pese a los esfuerzos, existen las siguientes dificultades: La infraestructura, en unos casos es adaptada y en otros está muy deteriorada; carecen de materiales de trabajo como juegos educativos individuales y grupales para motricidad fina y gruesa; no cuentan con instrumentos de trabajo como creación artística, instrumentos de adiestramiento del cuerpo, adaptación y socialización como los denominados rincones de la casa o espacios del barrio; el personal que trabaja en el área, no tiene ropa de trabajo y al ser contratados como consultor de línea no tienen beneficios sociales, además que el salario percibido es el mínimo nacional.

“En el proceso de inspección es valorable indicar que no se encontraron casos de maltrato infantil. Si bien hay médicos y psicopedagogas en los centros estos no son personal permanente, razón por la que deben estar realizando visitas en cada uno de los 80 centros infantiles”, explicó José Luis Hidalgo, representante de la Defensoría en la urbe alteña.

La Defensoría, para garantizar la protección de los derechos de la niñez y adolescencia, envió un requerimiento de informe Escrito (RIE) al Sedeges y a las Defensorías de la Niñez y Adolescencia de El Alto sobre casos de Niñas, Niños, Adolescente en situación de acogimiento.

Luego de procesar la información se logró establecer datos relevantes para el diagnóstico respecto al abordaje y procedimiento del personal de DNA’s, que mostraba situaciones de institucionalización y omisiones de intervención, con clara vulneración de derechos a su población sujeto de acción.

DIFICULTADES

Luego de que la Defensoría realizara los requerimientos de informes y efectuara las verificaciones en centros de acogida se pudo conocer que existían dificultades que problematizan la permanencia de los menores en estos lugares.

El informe de la inspección establece las siguientes deficiencias:

1. Los equipos técnicos de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA’s) trabajan a contrato por meses, lo que origina discontinuidad en el funcionamiento de DNA’s y el cambio constante de personal; limita la coordinación con personal de Sedeges.

2. Los profesionales de DNA’s que son contratados a principio de año no asumen los casos del año o años anteriores a su contrato, reflejando una notoria falta de continuidad en la intervención de esta instancia de defensa en los casos de acogimiento.

3. La mayor parte de los profesionales no aborda la problemática desde el enfoque de derechos y promueve la medida de acogimiento de manera indiscriminada y lineal, siendo la institucionalización de NNAs el recurso más utilizado, como medida definitiva en la mayoría de los casos, no como alternativa temporal.

4. Se advierten diferencias significativas entre los datos de niñas, niños y adolescentes en situación de acogimiento reportados por los equipos de DNA’s de El Alto y los que reportan los centros de acogimiento dependientes de Sedeges, tanto en cantidad como respecto a la problemática que motivó el acogimiento.

5. Los equipos de DNA’s reportan menos casos, con referencias de información atribuibles a equipos de trabajo anteriores, dado que los contratos del personal técnico son anuales.

6. Los informes de los centros de acogimiento de Sedeges muestran varios casos con cinco a seis años de institucionalización, sin que la DNA que promovió el acogimiento se haya pronunciado; es el equipo del centro dependiente del Sedeges el que interviene en los casos de ausencia total de la DNA que gestionó el acogimiento para viabilizar el derecho de las y los niños y adolescentes afectados de sus familias.

7. Los informes reflejan la falta de compromiso de algunos profesionales de DNA’s, especialmente en lo referido a priorizar una pronta intervención, muestra de lo cual son las decisiones técnicas postergadas para meses después, como se advierte en los casos reportados en los informes que solicitó la Defensoría del Pueblo.

8. Existen procesos de pérdida de autoridad paterna y /o materna que no concluyen porque los criterios emitidos por los profesionales de defensorías no coinciden con los criterios que la Juez de la niñez y adolescencia. Lo que impide que concluyan los procesos.

9. Varias, niñas, niños y adolescentes tienen familiares de la línea paterna o materna que los visitan pero que no asumen la responsabilidad de la custodia, ello impide sean declarados con pérdida de autoridad paterna y no los pueden des institucionalizar o darles la posibilidad de ser adoptados.