Una adulta mayor de 79 años de edad se encuentra a punto de perder su casa luego de haber firmado un documento en blanco hace 15 años, según denunció la abogada de la defensa, Carmen Torres.
“Fue una actuación judicial muy irregular, porque 15 veces intentaron obtener medidas sustitutivas, porque estaba con detención domiciliaria esta persona y resulta que en la audiencia del martes, en horas de la tarde, el juez determinó sobreseimiento en el caso dejando en libertad a los acusados y anulando el proceso que fue presentado y que se pretendía llevar a delante sin habernos notificado”, explicó la abogada de la defensa.
De acuerdo con los antecedentes del caso, hace 15 años la pareja de ancianos buscaban obtener un préstamo bancario y al tener conocimiento de esta situación los implicados en el hecho les habrían hecho firmar un papel en blanco y dejar como garantía los papeles de propiedad de su vivienda.
En todo este tiempo, la pareja de ancianos, solicita a Edilberta Cusi Quispe y Carlos Condori la devolución de sus documentos de propiedad de la casa, al igual que el documento firmado, pero no logran recuperar. Luego de 16 años, aparecen estas personas, que le hicieron firman indicando que ellos son ahora los nuevos propietarios del bien inmueble y que buscan despojar a los ancianos.
En todo el transcurso del proceso, Marcelina Angulo y Constantino Calle junto con sus nietos quedan indefensos al verse sorprendidos por una orden de despojo de su vivienda. Se han realizado las actuaciones correspondientes ante el Defensor del Pueblo y Derechos Humanos para impugnar la determinación del juez, entre otras actuaciones no sólo judiciales, sino en diferentes instancias ante la irregularidad en la que se pretende despojar a la persona de la tercera edad de su vivienda.
“Al momento está en riesgo no sólo la salud de la persona de la tercera edad, sino la de sus nietos que está a cargo de ella, es por eso que solicitamos una mayor atención de las instancias de Derechos Humanos y del propios Consejo de la Judicatura porque, al momento, este es el único bien inmueble con el que cuenta esta familia en riesgo”, indicó Torres.
La familia que en todo el tiempo de vida fue pagando sus impuestos a la instancia municipal, en la actualidad recibe el apoyo no sólo moral sino de movilización de sus propios vecinos de la zona en que residen.
DEFENSORÍA
Al tener conocimiento del hecho, el defensor del Pueblo de El Alto, José Luis Hidalgo, confirmó a EL DIARIO que esta instancia buscará los mecanismos legales correspondientes ante posibles actuaciones irregulares que se habrían realizado en el actual proceso que no sólo es penal, al haber hecho firmar un documento en blanco a personas de la tercera edad, sino porque el derecho propietario debe ser defendido por otras instancias.
“Se ha tenido conocimiento del caso, los abogados legales de esta instancia harán el seguimiento correspondiente, además de solicitar la actuación de otras instancias, más aún cuando se trata de una actuación en contra no sólo de una persona de la tercera edad y de sus nietos menores, sino del riesgo de que la familia se encuentra en completa indefensión, cuando lo esencial es que exista actos procesales que protejan a las víctimas”, explicó Hidalgo.
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