Una niña es violada cada dos días en La Paz

(ANF).- El municipio de La Paz registró un total de 289 delitos contra la libertad sexual de niños, niñas y adolescentes entre enero y septiembre del presente año. Del total de casos, 140 son violaciones, 20% de las cuales han sido cometidas por los padres de las víctimas.

La secretaria de Desarrollo Humano del Municipio de La Paz, Erlinda Quispe, dijo que esa cifra da cuenta que la violencia sexual contra la niñez y adolescencia se ha incrementado en un 30% con relación a los casos registrados en el mismo periodo en el 2014.

Además de los casos de violación,  las Defensorías de la Niñez y Adolescencia  han atendido 95 denuncias por abuso deshonesto, 28 por estupro, 22 por corrupción de menores, dos por violencia sexual comercial y dos por rapto, haciendo un total de 289 delitos contra la libertad sexual en los primeros meses del 2015.  El código penal boliviano tipifica la violación, el estupro y el abuso deshonesto como delitos contra la libertad sexual.

DENUNCIAS

Consuelo Torres, directora de Defensorías del Municipio de La Paz dijo que la situación es alarmante. “Estos datos son señal de alerta, y el elevado porcentaje de violaciones cometidas por los progenitores, nos está diciendo que las familias son un espacio de alto riesgo para muchas niñas y adolescentes”, contó.

El último caso de violación que recogen las estadísticas municipales fue denunciado en La Paz por una adolescente de 16 años. “Ella vino acompañada de su empleadora a quien había confiado que su padrastro la violaba desde los nueve años. Decidió romper el silencio, porque su hermanita estaba a punto de cumplir esa edad y temía que el ciclo de violencia sexual se oriente hacia ella”, relató Torres.

Todas las víctimas de violencia sexual también sufren violencia física y psicológica, explicó Quispe “y si bien  muchos casos de violación no ocurren dentro del hogar, siempre los progenitores son responsables porque no advierten las señales de alerta.  Hay casos extremos en los que la madre encubre al violador”.

Muchas veces, dijo, los casos de violación se descubren luego de una denuncia por violencia física o psicológica. “La violencia sexual perpetrada contra niños, niñas y adolescentes es una de las formas más invisibles de violencia. Especialmente cuando la violencia sexual es ejercida por los padres, tíos o padrastros, los derechos de niños, niñas y adolescentes se sacrifican para proteger a quienes cometen este delito”.

Consuelo Torres admitió que los registros de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia “no dan cuenta de toda la magnitud del problema, hay casos que no se denuncian, otros se procesan directamente en instancias policiales y no existe un sistema que consolide los datos de todas las instituciones a nivel local y nacional”. Según la Defensoría del Pueblo en Bolivia cada día ocurren alrededor de 16 casos de abuso sexual contra menores.

NORMAS

La ley establece que los delitos de violencia contra niños, niñas y adolescentes se convierten en delitos de acción pública, lo que significa que la investigación de estos hechos debe realizarse de oficio por el Ministerio Público en coordinación con la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv), pero según Consuelo Torres ni la Policía ni el sistema judicial tienen capacidad para procesar todas las demandas por delitos sexuales contra la niñez y adolescencia. “Existen sólo dos juzgados de la niñez que no tienen capacidad para procesar toda la carga judicial, la policía no cuenta con recursos para cumplir con las diligencias de investigación”. 

Las consecuencias son lamentables. “No hay justicia para las víctimas.  De las 140 denuncias por el delito de violación sexual presentadas el 2015, todas están en la etapa de investigación, no hay una solo sentencia.  De los casos denunciados el 2014, un total de 150 violaciones en toda la gestión, sólo se han emitido 13 sentencias”.

Según Torres, son múltiples los factores que contribuyen a esta situación. “El sistema judicial no se adecúa a la norma, la enorme carga procesal deriva en retardación de justicia, la policía y el Ministerio Público no cuentan con el suficiente personal ni los recursos económicos y logísticos para cumplir con su trabajo”.

Por mandato de la ley, las Defensorías de la Niñez y Adolescencia deben adoptar todas las medidas de prevención para proteger a las víctimas de violencia.  En el caso de La Paz, se cuenta con un albergue transitorio en el que actualmente residen 77 niños, niñas y adolescentes.  De ese total, 17 son víctimas de violencia sexual, tres están embarazadas como consecuencia de la violación.