Es increíble cómo la criminalidad ha adquirido, en los últimos años, fuerza contundente contra los derechos humanos y atropella todo derecho y viola todas las leyes. Su accionar se hace imparable porque las fuerzas del orden son insuficientes y por esfuerzos que hagan las autoridades para contener los asaltos a propiedades y fundos agrícolas en el oriente boliviano y en otras regiones del país, para contener la ola de crímenes -especialmente contra mujeres-, robos y abusos de toda laya, son totalmente insuficientes, lo poco que se hace no es suficiente.
Ante situaciones tan graves, habidas generalmente en el Tercer Mundo, las autoridades tomaron la medida de que actúen las fuerzas armadas de esas naciones como medio de coadyuvar la labor de la policía y de instituciones que velan por la paz y seguridad de las personas. En nuestro país, lamentablemente, muy pocas veces se recurre al concurso de las fuerzas armadas y nadie se explica las razones, especialmente si se tiene en cuenta que se trata de una institución que, por principio, debe defender al pueblo.
Vivir en la zozobra en que se desenvuelve la comunidad nacional, resulta contrario a todo principio de respeto, consideración y cuidado que se debe tener con los derechos del pueblo; un pueblo que, hasta hace por lo menos quince o menos años, no confrontaba las situaciones en que hoy se ve obligado a soportar y donde los delincuentes actúan con total impunidad.
La Policía, por esfuerzos que haga, no alcanza para cuidar a las poblaciones de quienes no tienen freno para cometer todo tipo de delitos. La tranquilidad, la paz y la concordia entre todos prácticamente han desaparecido y los pocos momentos de paz que existen, especialmente en la sede del gobierno, son aprovechados por quiénes se introducen en las manifestaciones callejeras para cometer tropelías de toda clase o, en casos, aprovechan para asaltar y robar en las propiedades ajenas.
El Ministerio de Gobierno anuncia, periódicamente, que el “gobierno está empeñado en combatir la delincuencia adoptando las medidas más drásticas contra quienes violentan las leyes”. La prevención no sirve mayormente porque la Policía se ve imposibilitada de asumir acciones drásticas contra asaltantes, criminales, violadores, asesinos, auteros, carteristas, abusivos de mujeres y niños; por otra parte, no escasean los cobardes y ajenos a todo principio de respeto y consideración, que asaltan a ancianos y mujeres para apoderarse de cualquier bien que lleven consigo.
Es preciso que el gobierno adopte medidas utilizando efectivos de las fuerzas armadas para contener la ola de violaciones y crímenes de toda laya que se cometen a lo largo y ancho del país. Por otro lado, tendría que adoptar medidas más enérgicas contra fabricantes, comercializadores y consumidores de drogas porque, innegablemente, el alcohol y la drogadicción son semilleros de los mayores actos delictivos. Vivir en la zozobra que vive el pueblo, resulta contrario a toda moral y norma legal.
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