Cárcel por no hacer lo que se debe hacer

Bolivia ha sido conmovida en todos sus estratos sociales por la despiadada dilapidación de los recursos del “Fondo Indígena”, descubierta por la Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia, si bien su informe al respecto no es completo y concluyente en términos de elementos de prueba que pudieran sustentar un juicio oral y público, y más parece un informe técnico que involucra a determinadas personas en la malversación discrecional de millones de bolivianos que estaban destinados a obras sociales.

Empero, no obstante de tratarse de un informe preliminar, al constituir un principio de prueba deberá ser verificado y analizado por las autoridades: “Caiga quien caiga”, según lo expresado inclusive por alguna persona preocupada por estos actos de corrupción nunca vistos ni en las peores dictaduras militares, como queriendo expresar con esta frase enfática que nadie está dispuesto a proteger a personas que estuvieran implicadas en este desfalco millonario, enalteciendo con esta enérgica expresión los principios ético-morales: no seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón, que deben regir en todo momento la administración de la cosa pública.

Y ante la simple sospecha de malos manejos de fondos públicos, denunciar a los sospechosos para que sean investigados y sancionados. Es así que en un caso en particular, indirectamente se puesto a disposición de las autoridades a la que fuera en su momento la máxima autoridad de la entidad pública desfalcada, al haberse dispuesto la cesación de sus funciones públicas para que sea investigada como cualquier ciudadano común y corriente, se presume despojada de toda protección política que pudiera favorecerla a la hora esclarecer hechos reprochables que se habrían suscitado por no hacer lo que se debía hacer en el tiempo que ejerció funciones públicas. Omisión de deberes en la habrían incurrido no solamente esta ex dignataria de Estado, sino también gente vinculada a su entorno de trabajo.

Empero, no obstante el abundante tiempo transcurrido para que estas personas presten información para descartar su participación en el mencionado descalabro del “Fondo Indígena”, ni siquiera se han apersonado a la autoridad con objeto de colaborar en el esclarecimiento de estos hechos. Por el contrario, alguna vez han afirmado que nada tienen que ver con el desfalco del “Fondo Indígena”, ya que no han desarrollado ninguna actividad que implique daño a la citada entidad pública. Efectivamente, de ser así no habrían cometido delito alguno.

Pero es pertinente aclarar y dejar establecido que conforme a nuestra economía jurídica, se comete delito no solamente haciendo una cosa que no se debe hacer, sino también no haciendo lo que se debe hacer.

En el primer caso tenemos el delito de acción, y en el segundo el delito de omisión. Lamentablemente, en el caso en particular, se está investigado más el delito de acción en detrimento del delito de omisión, ya que la investigación del delito de omisión podría arrojar autores mucho más importantes que los que resultan de la investigación personas que administraron y malgastaron fondos fiscales. Por lo que, en eras del principio de igualdad de todos ante la ley inserta en la Carta Magna, con la misma dedicación con que son investigadas unas cuantas personas que tuvieron la desgracia de administrar y disponer de esos recursos fiscales, se debe investigar a los que sin hacer nada que los comprometa en actos de corrupción, habrían consentido calladamente por años estas entregas de recursos públicos.

Y es que, si resulta que por su omisión calculada se ha producido daño al patrimonio del Estado, igualmente podrían ser responsables de esos hechos delictivos.