En un sondeo de opinión pública, sobre el hecho de que muchos actos irregulares que se producen en el país, en la mayoría, no tienen el tratamiento y seguimiento requeridos, es decir que las autoridades de cada área no ejercen sus funciones, sin incurrir en discriminaciones políticas, económicas y sociales, la gente observó las discordancias.
Al recoger estas observaciones, la intención de EL DIARIO fue captar la opinión ciudadana sobre una materia que crea reacciones adversas acerca de hechos que tienen que ver con delitos de distinta gravedad, pero que no reciben igual atención. O sea que las altas autoridades presten similar atención a todo tipo de irregularidades que se producen en el país, al margen de considerar si son menores o mayores.
Las personas consultadas al respecto, de ambos géneros y de distintas edades, expresaron que lo deseable es que haya continuidad permanente, constante, para después someterlos a la decisión de la justicia.
Aparte, lo que ponen de manifiesto es que la justicia es direccionada en sus fallos. Citaron, como ejemplo, los desfalcos cometidos en el Fondo Indígena, donde las autoridades son relevadas de sus responsabilidades y que necesariamente debían haber intervenido en cuanto se conocieron los mismos, así como ser motivo de sanciones por no haber desempeñado sus funciones de fiscalización con la dedicación que corresponde, principalmente, cuando de por medio hay la administración de recursos públicos.
En contraste, algunos de los consultados sobre la materia, se extrañaron que el ministro de Gobierno intervenga en un caso de agresión callejera, ocurrido en la ciudad de Santa Cruz. Se trataba de un caso de estricto carácter policial y síi ameritaba hacer participar al Ministerio Público, que es el órgano más apto para resolver si debía pasar o no a los estrados judiciales.
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