Punto aparte
Cuando se le pide al Ministro de Defensa que informe lo que día a día hace su despacho para recuperar las 16 barcazas y dos remolcadores que adquirió el país, al costo de casi 30 millones de dólares, su mayor preocupación es algo que linda en lo policiaco.
Es decir, presta su mayor atención a imputar, enjuiciar e incluso embargar bienes de los presuntos autores de los actos de corrupción que rodearon a la mencionada adquisición, básicamente porque fuera de toda norma oficial, el pago de dicha compra fue adelantado, en la integridad de su costo.
Sin embargo, al margen de buscar culpables, más importante para el interés nacional es concretar, a la brevedad posible, la recuperación de las barcazas y remolcadores comprados, mediante contrato con una empresa de Corea del Sur.
Aunque la operación se efectuó con ella, la construcción parcial o total la realizó una empresa de China, a la que le transfirió el contrato la empresa coreana contratista, porque aparentemente quebró o le sucedió algún percance por el que no pudo cumplir el contrato con la empresa estatal naviera.
Las barcazas, según fotos que en reiteradas ediciones publicó EL DIARIO, están construidas y lucen una calidad excepcional, tanto por el volumen que tienen como por su equipamiento, que según los informes recogidos por EL DIARIO son de procedencia europea y estadounidense, incluyendo su diseño.
La empresa de China que actualmente las detenta en un embarcadero suyo, las embargó porque la empresa coreana no le transfirió el pago anticipado que recibió de las autoridades bolivianas. Afortunadamente, una oportuna intervención del Fiscal General del Estado, que personalmente se trasladó a China, recurrió a la vía judicial para levantar el embargo, bajo el compromiso de realizar determinados pagos a la empresa que construyó las barcazas.
De acuerdo con los montos que por distintos conceptos tienen que efectuarse, se estima que ascenderían a unos 10 a 12 millones de dólares. La empresa china rebajó en parte los cobros que pretendía, de modo que tal vez esas sumas son menores.
Es deplorable que en los altos niveles del Gobierno nacional no se haga conciencia de la valoración de las barcazas construidas para Bolivia y la importancia que tienen para impulsar las exportaciones del país por el océano Atlántico, utilizando por medio la hidrovía integrada por los ríos Paraguay y Paraná, a los que Bolivia tiene los derechos necesarios para acceder a su uso.
Por tanto, en las esferas oficiales debe considerarse adecuadamente la trascendencia que tienen las barcazas para la economía nacional. En consecuencia, recuperarlas cuanto antes debe ser imperativo.
Aunque existan malos antecedentes respecto a la forma irregular en que fueron adquiridas, lo real es que ellas están listas para servir al transporte de los productos bolivianos al Atlántico.
Pese a que tiene que haber conciencia gubernamental de la necesidad que tiene el país de contar con ellas, no debería complicar más la situación. Los pagos que se requiera hacer hay que efectuarlos. Si se quisiera hacer otra operación para disponer de ellas, el costo de los 30 millones podría duplicarse y hasta triplicarse, por la excepcional calidad que tienen las que están casi listas para ponerlas en servicio en el país.
En cuanto a ocuparse primero de sancionar a los probables autores de la forma ilegal en que actuaron en la compra, habrá tiempo suficiente para establecer judicialmente si por medio hubo o no corrupción. De momento, esto es secundario, lo prioritario es hacer que las barcazas lleguen al país para prestar los servicios que acertadamente se les asignó.
No miremos primero la basura, cuando la joya está al alcance de los intereses patrios. No pequemos de tamaña ceguera o insensatez, si se quiere poner el caso en términos literales.
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