La baja sustancial que han sufrido los precios de los hidrocarburos en el mercado internacional, afectó seriamente a los presupuestos; así, la participación en el IDH por las ventas de gas, que tenían las gobernaciones, alcaldías y universidades estatales bajó debido a esta situación y el Gobierno ha decidido, por lo menos en parte, compensar esa rebaja para que especialmente las gobernaciones no vean afectados muy seriamente sus presupuestos.
Recurrir a fondos de las reservas internacionales que fluctúan entre los 13 y 14 mil millones de dólares, permite que parte de esos fondos sirva para la compensación programada. Aún no se dijo algo en relación con los municipios que, en todo caso, deberían recibir el mismo tratamiento. El caso de las Universidades, según anuncios oficiales, habría sido considerado en forma separada.
La solución al problema de menor percepción por el IDH, aunque parcial, parece correcta en el momento; pero, en todo caso, habrá que esperar que efectivamente sea un buen paliativo para que las gobernaciones puedan atender sus necesidades; en todo caso, lo que corresponderá es que los fondos que vayan a recibir sean debidamente utilizados, acordes a planificación y presupuestos que estén alejados de intereses creados o, más claro, de la corrupción que se ha visto en el inmediato pasado, y que hizo de las suyas en las arcas de gobernaciones, alcaldías y muchas otras entidades.
El utilizar dineros procedentes de las reservas internacionales, de préstamos o donativos (si los hay) o presupuestos extraordinarios que pudiese destinar el TGN, debe merecer estricto control y, para ello, nada mejor que la Controlaría General de la República actúe con diligencia, eficiencia, eficacia y mucha responsabilidad; no dejar que las políticas del “dejar hacer y dejar pasar” den solución a problemas que se presenten porque las acciones permisivas no hacen otra cosa que profundizar los índices de corrupción, ineficiencia, ineficacia e irresponsabilidad funcionaria, como se ha visto en múltiples casos que, en su mayoría, han quedado sin investigaciones ni juzgamientos y sanciones que correspondía.
Las gobernaciones y alcaldías, en estos tiempos de grave crisis, antes de erogar dineros para la realización de cualquier obra, deben exigir la debida planificación, los presupuestos más austeros, las seguridades más precisas y estar en su manejo sujetos a personal idóneo y debidamente capacitado que no sea pasto de la corrupción o los intereses creados que siempre han impuesto y mantenido situaciones anómalas en el manejo de los dineros públicos.
Las compensaciones fijadas por el Gobierno, no deben quedar en eso, deben ser motivo para establecer controles muy estrictos, desempeño muy profesional y honrado de los funcionarios; mostrar conductas de austeridad en los gastos, en otras palabras, entender que vivimos una época de crisis que es preciso vencer.
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