La adulta mayor Casimira Huerta denunció haber sido víctima de robo agravado y despojo por parte de su nieto.
Asimismo, la anciana afirmó que reside en la población Luribay de la provincia Loayza donde es amenazada de forma continua.
El nieto fue identificado como Bladimir Quino Pardo, a quien se acusa por una serie de abusos, agresiones y despojo que ocasionó a su abuela. Esta persona habría sido detenida luego de la denuncia de la adulta mayor.
“La señora en la actualidad tienen cerca de 88 años y en la actualidad está defendiéndose en los estrados judiciales, donde denunció a su nieto por los delitos de robo agravado y despojo de su vivienda”, explica la nieta de la afectada.
Según el relato, la detención fue lograda luego de tres años de la denuncia de robo, sin embargo, si bien se realizó los procesos judiciales y por el momento está detenido preventivamente, el mayor temor de la familia es que pueda salir en libertad para cumplir la amenaza de muerte que habría efectuado contra la afectada y de todos los miembros del hogar.
Las amenazas llegan a tal punto que la esposa de Quino, identificada como Martha Limachi Rosas, amedrentaría también de manera constante a la afectada asegurando que pronto sacará a su esposo de la cárcel porque estaría manejando la justicia con influencia política.
Bladimir Quino Pardo no sólo tiene antecedentes penales por robo agravado, sino también por allanamiento, tentativa de homicidio, entre otros delitos, con lo que quedaría registrado el grado de agresividad que esta persona genera contra su familia y, especialmente, contra su abuela.
OTRO CASO
Un segundo caso se refiere a una pareja de ancianos quienes denuncian a Edilberta Cusi Quispe y Carlos Condori por un supuesto caso de estafa en el que les habrían hecho firmar un documento en blanco para despojarlos de su hogar en el que residen junto a sus nietos.
En las últimas horas EL DIARIO tuvo conocimiento que uno de los abuelos se encuentra internado en un centro de salud como consecuencia de la serie de problemas judiciales que enfrentan en un proceso ordinario.
En todo el transcurso del proceso, Marcelina Angulo y Constantino Calle, junto con sus nietos, quedan indefensos al verse sorprendidos por una orden de despojo de su vivienda. Se han realizado las actuaciones correspondientes ante el Defensor del Pueblo y Derechos Humanos para impugnar la determinación del juez entre otras actuaciones no sólo judiciales, sino en diferente instancia ante la irregularidad en la que se pretende despojar a las personas de la tercera edad de su vivienda.
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