Nueve sectores se encuentran en problemas:
La Federación de Ganaderos de Beni y Pando (Fegabeni) anticipó que no cuenta con los recursos suficientes para cumplir con el pago del segundo aguinaldo. El presidente de la entidad, Mario Hurtado, señaló que todavía no superaron la crisis del sector, causada por la inundación, 2013-2014, que mató a más de 100 mil cabezas de ganado.
SECTORES AFECTADOS
La ganadería del departamento se suma a otros sectores que también están impedidos de cumplir con la disposición oficial, entre ellos la micro y pequeña empresa y varios sectores agremiados en las cámaras departamentales de pequeña industria (Cedepia) como ser, metalmecánica, ropa confecciones, textiles, madera y otros.
FEGASACRUZ
Entretanto, el presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, Luis Fernando Menacho, señaló que este sector se encuentra en posibilidades de cumplir con el decreto 1802, mediante el cual el Gobierno impuso este beneficio condicionado al crecimiento de la economía.
En los últimos días por lo menos tres organismos internacionales pronosticaron a la baja el crecimiento del país por debajo de 4.5 por ciento como lo espera el Ejecutivo.
CATÁSTROFE
“Nuestra realidad en el departamento del Beni es diferente a las realidades de otros departamentos, nuestra posición es que no estamos en condiciones de pagar el segundo aguinaldo, puesto que recién salimos de la catástrofe de 2014 que se va arrastrar por unos seis años más”, manifestó Hurtado.
El empresario indicó que la crisis sufrida por la muerte de ganado recién se reflejará en 2016, ya que se ha ido acumulando desde 2014.
CRISIS EN CURSO
“En 2016 va ser mucho más grave, todo lo que hemos dicho de las pérdida que hemos tenido es que el primer año se iba a reflejar menos, pero el segundo año iba ser más y el tercer año mucho más”, apuntó.
Este sector productivo se une a otros como el de los arroceros y azucareros, en su imposibilidad de pagar el segundo aguinaldo. El Gobierno confirmó en anteriores días que la economía del país creció por encima del 4,5%, aunque todavía no reveló el porcentaje oficial, requisito que obliga a las entidades públicas y privadas a cumplir con el pago del beneficio.
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