Conflicto de límites encontrará soluciones a través del diálogo

Con la firma de un acta de entendimiento entre los gobiernos departamentales de La Paz y Oruro; los alcaldes de Colquiri y Caracollo; los viceministros de Autonomías Indígenas y de Tierras y el Instituto Nacional de Reforma Agraria se acordó remitir los tramos limítrofes no conciliados al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que dirima; además de la conformación de una comisión para levantar un estudio de derecho propietario de las tierras en conflicto departamental.

El viceministerio de Autonomías Indígenas se comprometió hacer llegar una resolución ministerial, lo antes posible, para que las gobernaciones de La Paz y de Oruro puedan comenzar el trámite legal, que corresponda ante el Tribunal Supremo de Justicia.

En el tema agrario, se conformará una comisión técnica, entre el Viceministerio de Tierras, INRA, Defensor del Pueblo, Gobernaciones de La Paz y Oruro, y los municipios de Colquiri y Caracollo, para levantar un estudio de derecho de propiedad. A partir de ello, se deberán realizar los máximos esfuerzos para la convivencia pacífica de la región. La comisión realizará el trabajo encargado a partir del lunes 12 de octubre.

“Se han sentado las bases para resolver un problema que se atravesaba en el límite interdepartamental de La Paz y Oruro, relacionado sobre todo al tema agrario. Se han abordado importantes puntos que creemos, en los siguientes días van a solucionar definitivamente este problema que nos estaba preocupando”, dijo en conferencia de prensa Gonzalo Vargas, viceministro de Autonomías Indígenas y Organización Territorial.

Por su parte, el gobernador de La Paz, Félix Patzi, afirmó que la Comisión Técnica analizará el problema mayor, que está relacionado a la situación del derecho propietario. “Desde el lunes esa comisión hará un trabajo de campo, para que en diálogo con los lugareños, explique quién es realmente el propietario de esas tierras en conflicto”.

Dijo que no está en discusión el derecho propietario de los lugareños, si no del territorio “se busca establecer quién es el dueño de la propiedad agraria, para que puedan seguir sembrando y cosechando sin problemas, mientras dure el proceso ante el Tribunal Supremo de Justicia”.