Crisis estructural de la justicia

La crisis estructural de la justicia que confronta el país sigue sin ser solucionada, entretanto cada vez son mayores los daños que causa. A estas horas, es posible señalar que se carece de uno de los cuatro órganos de poder. Desde las esferas oficiales se anunció que se convocaría a una reunión nacional para resolver esta situación, pero hasta hoy no se tomó acción alguna sobre el particular.

Ante la perspectiva de que ésta se efectúe, el Colegio Nacional de Abogados de Bolivia elaboró una amplia propuesta y, dada su procedencia, puede ser considerada como válida, tanto por la experiencia profesional de sus integrantes, como por su contenido. En atención a estos sus alcances, EL DIARIO publicó el documento en su totalidad, en dos de sus recientes ediciones.

A manera de acercamiento a algunos de sus puntualizaciones, en el período democrático que transcurre entre el año 1982 al presente, el Órgano Judicial no está cumpliendo a cabalidad con ninguna de sus funciones, esencialmente como son las de resguardar y preservar el Estado de Derecho y la seguridad jurídica.

Como resultado de ello, la crisis estructural en que se debate el sistema judicial se está manifestando en la permanente violación del derecho de acceso a la justicia, lo que significa que básicamente no garantiza el acceso a los juzgados y tribunales en igualdad de condiciones, la obtención de una sentencia o resolución debidamente motivada en Derecho en plazo razonable y tampoco garantiza la ejecución de la sentencia que emitan los jueces y tribunales.

Estas situaciones se producen por la falta de provisión de juzgados y tribunales de justicia. De 337 municipios que conforman el Estado boliviano, solamente 180 cuentan con estos servicios. El problema fue identificado por la Comisión de Derechos Humanos, en una visita “in loco” al Estado Boliviano.

En el informe que emitió el 28 de junio de 2007, sobre las impresiones recogidas, concluye que las cifras esbozadas son alarmantes, en tanto reflejan que la falta de cobertura de la administración de justicia genera la exclusión de ciertos sectores de la sociedad de toda posibilidad de acceder a la justicia.

La propuesta, en general, es sumamente ilustrativa de lo que ocurre en Bolivia en materia de justicia. Sobre esta base, formula propuestas que, al parecer, son viables, siempre que exista predisposición oficial para reponer su calidad al sistema.

Una incidencia que preocupó a aquella Comisión es que el presupuesto de justicia, en la gestión de 2004, apenas alcanzaba al 0,84% del total de las provisiones estatales. La cuantía disminuyó más el 2014, al ser solamente del 0,37%. Aparte, el presupuesto asignado tampoco se ejecuta al 100%, generalmente llega al orden del 67% al 70%.