Acusado de feminicidio fue enviado a la cárcel

Luis Javier Morales, principal sospechoso del asesinato de Sara Peñaranda y su hija de siete meses, fue enviado ayer al penal de Chonchocoro con detención preventiva.

La audiencia de medidas cautelares se inició ayer cerca al mediodía como estrategia de instancias judiciales para disminuir la presencia de medios de comunicación y la presión ejercida por compañeras universitarias de la víctima.

Por otra parte, familiares de la víctima aseguraron que el Ministerio Público aún no inicia una investigación contra la madre del presunto autor del hecho, quien sería supuestamente la persona que insistió en tener una charla con la joven fallecida, encuentro en que posteriormente se terminó con su vida.

Entretanto, investigadores policiales aseguran que es la madre de Morales quien habría colaborado para que su hijo dé a conocer dónde está el cadáver de la menor, cuerpo que a la fecha no fue encontrado pese a haberse dispuesto diferentes operativos de búsqueda por parte de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz.

Cabe destacar que Morales fue agredido físicamente el pasado domingo por familiares de la víctima quienes buscaban conocer el paradero de la beba, luego de que el cuerpo de la joven fuera encontrado en un basural en la zona Rosas Pampa, por lo que la búsqueda de la menor continúa. Ambas se encuentran desaparecidas desde el 7 de octubre pasado.

CONFESIÓN

De acuerdo con el informe del médico forense, la causa de la muerte sería asfixia mecánica por estrangulamiento, lo que habría sido reconocido por parte de Morales en su audiencia desarrollada en reserva.

Cabe recordar que, luego de su detención, el sindicado dio a conocer que el cuerpo de la menor fue abandonado al interior de un contenedor en el municipio de Achocalla, dentro de una mochila, sin embargo, posteriormente explicó que dejó el cuerpo en un carro basurero. Ninguna de estas historias pudo ser corroborada por la Policía que en diferentes ocasiones realizó rastrillajes en busca del cuerpo de la menor.

“El grupo Bersa de la Policía realizó diferentes operativos de búsqueda en los barrancos que dan a Achocalla, con la finalidad de poder dar con el cuerpo de la menor”, informó Gary Omonte, director departamental del Felcc.

Ambas víctimas fueron presuntamente asesinadas por el acusado, luego de que la madre de la menor exigiera el pago de pensiones para la manutención de su hija. La ahora fallecida descubrió que Morales tenía dos hijos más de la misma edad, razón por la que habría contactado a las otras madres con la finalidad de dejar al descubierto al padre de su hija, aspecto que, de acuerdo a la progenitora de la víctima, le costó la vida.

“Yo ahora solamente quiero encontrar el cuerpo de mi nieta para poder enterrarla, sólo eso pido, justicia para sepultarla”, indicó la madre de la víctima quien fatigada por el dolor de perder una hija y una nieta sólo busca que se haga justicia.

PROTESTA

Sara era parte de la carrera de Contaduría Pública de la Universidad Mayor de San Andrés, por lo que estudiantes de esta casa superior de estudios, con carteles en mano, efectuaron diferentes actos de protesta al interior y en inmediaciones de los juzgados alteños exigiendo justicia y la pena máxima de 30 años sin derecho a indulto al responsable de la muerte de la joven madre.

“Queremos justicia, porque el padre de la menor, Javier Morales, es el principal responsable de estas dos muertes. Él ha hecho desaparecer su cuerpo de la menor y no quiere decir qué fue de su hija ni dónde ésta. También conocemos que el implicado pretende señalar que estaría mal de la cabeza para tener un proceso diferenciado cuando sabemos que él ha planificado como vengarse de la madre de su hija en complicidad con su madrastra o su hermanastro”, indicó Jazmín J., una de las compañeras de estudio de la víctima.

Las amigas de estudio relataron que, presuntamente, una vez que Morales se entera que Sara estaba embarazada desaparece todo la temporada de gestación y sólo apareció para acabar con la vida de ambas.

ACTIVISTA

A su turno, María Galindo, activista de la organización “Mujeres Creando”, afirmó que en la actualidad el feminicidio se convierte en un crimen de estado porque hasta la fecha la Ley 348 no se cumple ya que autoridades del Ministerio Público estarían supuestamente buscando, a su conveniencia, horarios y turnos apropiados con la finalidad de eliminar la protesta callejera generada como resultado del crimen.

“El juez Roger Pinto es conocido por favorecer a los violentos machistas, feminicidas y es por eso que llega a las 09.45 recién el caso a su juzgado, dejando en desconcierto. Por lo tanto, lo que se comete en Bolivia es una masacre en contra a la mujer porque cada día, es una muerte a goteo, es una persecución a la libertad de las mujeres bolivianas, por el solo hecho de exigir sus derechos humanos de su hija”, afirmó Galindo.