El defensor del Pueblo, Rolando Villena, alertó ayer que 20 áreas protegidas de las 22 que existen en Bolivia están en riesgo por la exploración petrolífera, hidrocarburífera y minera.
“Son 20 parques en riesgo, algunos por su no acceso a la información hablaban de ocho áreas en riesgo, pero hablamos de 20 áreas en peligro”, expresó Villena, a propósito de la celebración de la cumbre climática en Cochabamba, donde el Gobierno se comprometió a proteger la Madre Tierra, y de la vigencia del decreto que permite a las empresas petroleras ingresar a las áreas protegidas del país a buscar gas natural.
Manifestó que el interés por encontrar recursos no renovables como el petróleo y el gas impulsa proyectos de “crecimiento de ultranza”, es decir, que se realizan sin importar el costo, los retos ni las opiniones.
“La Pachamama está pasando factura a esta administración de Estado como también a las otras, no podemos hipotecar los recursos naturales no renovables y dejar sin acceso a las siguientes generaciones a éstos”, sostuvo Villena.
Las áreas protegidas en riesgo por exploración de petróleo, gas, minería, hidroeléctricas son Madidi, Manuripi, Apolobamba, Pilón Lajas, Noel Kempff, Cotapata, Isiboro Sécure, Tunari,Carrasco, Amboró, San Matías, Toro Toro, El Palmar, Iñao, Aguarague, EBB, Kaa Iya, Otuquis, Sama y Tariquia.
Las áreas protegidas que no estarían en riesgo son el parque Eduardo Abaroa y el parque Sajama.
El Defensor expresó que hace falta el acceso a la información a las comunidades como a la población en general sobre los procesos de las consultas previas a las comunidades.
“Es un momento donde aún bajo presión y conciencia social se debe exigir tener acceso a la información para que el pueblo pueda decidir”, señaló Villena.
A su juicio, las consultas previas no se ejercen y los mecanismos de compensación no se asumen con responsabilidad con los pueblos indígenas.
“No se ejercen (las consultas previas), hemos participado en varias y han acabado dando más poder al gobierno central”, explicó.
Exhortó a que las conclusiones de la II Conferencia Mundial de los Pueblos Sobre el Cambio Climático, que se realizó del 10 a 12 de octubre en Tiquipaya, Cochabamba, no se queden en papel y que se respeten.
“Es un momento de inflexión y que las conclusiones no se queden como un documento de análisis, debe ser serio, coherente y socializado con todos los grupos”, dijo.
Villena manifestó que hay algunas “medidas torpes” que tomó el gobierno, como los tres decretos supremos que van en contra de la Constitución Política del Estado.
Hace referencia al Decreto supremo 29033, reglamento de consulta y participación, el decreto 2298 que modifica el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas sobre actividad hidrocarburífera en áreas protegidas y el decreto 2195 sobre consulta previa. (ANF)
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