La pregunta aprobada por el TSE (Tribunal Supremo Electoral) para la modificación parcial de la Constitución Política del Estado, crea una contingencia de alcances imprevistos. Pone en riesgo la actual gestión de gobierno, al incluirla en la primera “reelección”.
En términos legales, no se justifica que un gobierno que ha sido elegido en elecciones generales, en octubre de 2014, y que está en pleno ejercicio de su mandato, sea incluido como la “primera reelección” en la pregunta que será sometida al referéndum del 21 de febrero próximo.
Tampoco es explicable tal inclusión, porque de lo que se trata, en el fondo, es que partidarios del presidente Evo Morales le han propuesto que vaya a una reelección y él, aunque todavía no oficializó su respuesta, implícitamente está aceptando, al encontrarse ya en campaña.
Peor todavía, existe el riesgo que conlleva incluir su actual período en la pregunta del referéndum de febrero. En el supuesto de que el resultado de la consulta sea negativo, podría dar lugar a que, en términos jurídicos, se considere que el mismo ha perdido legitimidad.
De ocurrir ello, se prestaría también a que se le demande a Morales la dejación del cargo, aduciendo que el No contra su primera reelección equivale al rechazo a que continúe en la Jefatura del Estado.
En política, es imprescindible cuidar los detalles, porque de una u otra forma compromete al conjunto. En esta eventualidad, a la prosecución del mandato que Morales recibió en una elección general. A pesar de este antecedente fundamental, los recursos jurídicos son múltiples y habría la posibilidad de que la oposición partidaria o por lo menos un grupo de personas, si acaso no únicamente una persona, recurra a éstos para invalidar la actual gestión gubernamental.
Todo esto, sin duda, es discutible, pero cuando se toma las previsiones que cada caso aconseja, sería mejor no aludir en la pregunta del referéndum al período en curso. Además, no es necesario. Y, si por último se quiere apoyarla en la reelección vigente, lo atinado sería ponerla como referencia, pero no como parte de la consulta.
De esta manera, se impide dar margen a una contingencia peligrosa para la estabilidad política del país. Entonces, lo único que debe someterse al juicio de los electores es si acepta o no otra reelección de Morales para la gestión constitucional 2020-2025.
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