El procurador Héctor Arce calificó la reversión de empresas estatales como un periodo beneficioso para la economía nacional.
Tras nueve años de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) se cierra la fase de nacionalizaciones de empresas que en anteriores gobiernos fueron transferidas a firmas extranjeras privadas, informó el procurador Héctor Arce. La autoridad calificó la reversión de empresas estatales como un periodo beneficioso para la economía nacional.
“Se ha anunciado oficialmente, la era de las nacionalizaciones importantes en el país ha culminado, ha culminado con éxito. Esta nacionalización y esta forma de nacionalizar responsablemente no ha ahuyentado la inversión tanto nacional como extranjera, la inversión está presente”, afirmó Arce en conferencia de prensa.
En ese marco, en el proceso de nacionalización, el Estado elaboró medidas para garantizar nuevas inversiones y sobretodo seguridad jurídica, aspecto observado constantemente por empresas transnacionales.
“Se han tomado medidas para garantizar la seguridad jurídica en base a los nuevos principios del Estado. Queremos socios no patrones”, afirmó la autoridad y destacó que una de las características más importantes de todo este proceso en el que el Gobierno revertió las empresas estatales a su dominio, fue garantizar la seguridad jurídica para los inversionistas.
“Valoramos la inversión nacional y extranjera y en función a ello hemos aprobado una serie de leyes beneficiosas y hay un clima de absoluta tranquilidad en el empresariado nacional como extranjero sobre la seguridad jurídica”, afirmó.
El Procurador citó tres “leyes fundamentales” que se aprobaron para garantizar la seguridad jurídica de las empresas e inversionistas: “La Ley de Empresas públicas, la Ley de Promoción de Inversiones y la Ley de Conciliación y Arbitraje que garantiza un mecanismo de solución y controversias objetivo, respetuoso pero además bastante útil para la solución de controversias referidas a la inversión”.
NACIONALIZACIONES
Desde que asumió la administración del Estado boliviano, el presidente Evo Morales procedió a revertir las empresas bolivianas más importantes que estaban en manos privadas y de extranjeros.
Entre las más importantes están:
En mayo de 2006, Evo Morales decretó la nacionalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, es decir de los hidrocarburos, especialmente el gas que es la principal fuente de ingresos del país.
Un año después, en abril de 2008 2008, el presidente Morales transformó la estatal YPFB en una corporación para dirigir la nacionalización de las empresas petroleras y creó la Empresa Boliviana de Industrialización de los Hidrocarburos (EBIH).
En octubre de 2006, el Gobierno revertió al Estado la mina de estaño de Huanuni en el departamento de Oruro.
En febrero de 2007, el Gobierno procedió a nacionalizar la empresa de fundición Vinto que se encontraba administrada por firmas suizas.
En marzo de 2008, el presidente Evo Morales fijó el 30 de abril como plazo máximo para nacionalizar cuatro filiales de la hispano-argentina Repsol YPF, las británicas Ashmore y British Petroleum y del consorcio peruano-alemán CLBH.
En mayo de 2008 el Estado boliviano adquirió el 100 por ciento de la Compañía Logística de Hidrocarburos (en manos peruanas y alemanas) y de la telefónica Entel, filial de la italiana Telecom. Recuperó la mayoría accionarial (50 por ciento + 1 acción) de las petroleras Chaco, de Panamerican Energy (del grupo British Petroleum); Andina, filial de Repsol YPF; y de Transredes, transportadora de hidrocarburos participada por la británica Ahsmore y anglo-holandesa Shell.
Casi al final de esa gestión, en octubre de 2008 Repsol YPF firmó un acuerdo con la estatal hidrocarburífera para iniciar la gestión compartida en YPFB-Andina.
Ya a inicios de 2009, el Gobierno nacionalizó la petrolera Chaco, participada por British Petroleum (BP) y por la argentina Bridas, a las que acusó de sacar del país 277 millones de dólares en 2008.
Un mes después el Gobierno boliviano expropió 36.000 hectáreas de tierras a hacendados (15.000 a la familia estadounidense Larsen Metenbrink), acusándolos de someter a servidumbre a indios guaraníes.
El quinto mes de 2009, el Primer Mandatario nacionalizó Air BP, filial de la británica British Petroleum y dedicada a la distribución de combustible en aeropuertos bolivianos.
En mayo de 2010, el Gobierno procedió a nacionalizar cuatro empresas eléctricas: Corani, participada en un 50 por ciento por Ecoenergy International, subsidiaria de la francesa GDF Suez; Guaracachi, cuyo principal accionista (con el 50 por ciento ) era la británica Rurelec PLC; Valle Hermoso, cuyo 50 por ciento del capital estaba en manos de The Bolivian Generating Group de la Panamerican de Bolivia; y la cooperativa distribuidora Empresa de Luis y Ferza Eléctrica de Cochabamba.
Ya en 2012, el gobierno de Evo Morales expropió las acciones de Red Eléctrica Española en la empresa Transportadora de Electricidad.
Al finalizar esa gestión, el Jefe de Estado decretó la expropiación de las acciones de la española Iberdrola en dos distribuidoras de energía eléctrica en las regiones de La Paz y Oruro, una empresa de servicios y una gestora de inversiones.
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