Bolivia en emergencia por trata y tráfico de personas



Durante dos jornadas, funcionarias de la Gobernación de Tarija en La Paz asistieron y participaron del IV Congreso Latinoamericano sobre trata y tráfico de personas, realizado en instalaciones de la UMSA.

La actividad de la trata y tráfico de personas y su incidencia colocan al país en quinto lugar respecto al resto de naciones de la región, por lo que el IV Congreso Latinoamericano, realizado en La Paz, recomienda que Bolivia y Argentina articulen políticas estatales para hacer frente a este hecho ilícito.

El organizador del IV Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas y docente de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Raúl España, dijo que esta actividad en el país se encuentra en un nivel de emergencia anaranjado, ya que la incidencia de la trata es grande Y la problemática es aguda.

En el caso tarijeño, por constituirse en una región fronteriza con Argentina, existe incidencia de este delito sobre todo en la captación de ciudadanos bolivianos que en el vecino país son parte de la trata laboral en talleres, zafra, pero también el uso comercial sexual de mujeres.

Para enfrentar ello, Argentina y Bolivia deben articular sus políticas estatales, mientras que la Gobernación de Tarija debe generar políticas departamentales articuladas a planes nacionales orientados no sólo al castigo del delito, sino a la prevención.

“Es necesario trabajar con la población, con sus organizaciones y sectores sociales”, recomendó España.

Las políticas a desarrollarse deben reflejar las necesidades y situaciones regionales respecto a este delito. En principio hay que recopilar y organizar toda la información para diseñarlas, no partir de insumos ambiguos o imprecisos, además debe especificarse no sólo las responsabilidades de la Gobernación e instituciones tarijeñas, sino de la propia población.

La trata y tráfico de personas convierte a al ser humano en una cosa, en una mercancía y, por ende, es el tercer negocio ilícito a escala mundial después del tráfico de drogas y de armas.

Los factores que estimulan este delito son estructurales: la pobreza, la violencia intrafamiliar, el desconocimiento de los mecanismos de captación y de las normas existentes.

 
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