Urgencia de políticas comunicacionales

Sin lugar a dudas, el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del pasado 24 de septiembre, donde reconoce públicamente su competencia ante la demanda marítima de nuestro país contra Chile, no sólo ha despertado la esperanza dormida de los bolivianos. Sino también habrá que analizar su impacto en otros ámbitos: económico, social y político comunicacional; quizás éste último es el menos pensado, pero de gran trascendencia y de atractivo análisis.

Hoy en día, el uso de los recursos tecnológicos, como Internet y las redes sociales, ha garantizado un libre acceso a la información desde y hasta cualquier confín de esta aldea global. Tal es así, que todos los bolivianos fuimos testigos “presenciales” del fallo de La Haya, generándose casi de inmediato una respuesta de regocijo social generalizado e igualmente el desconcierto de líderes chilenos.

Y es que en esta época de pleno desarrollo de la llamada “sociedad de la información”, anunciada por el visionario Alvin Toffler, en 1980; habrá que añadir que el libre acceso a los hechos, también conduce a una democratización de la comunicación en el mundo.

OPINIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

En temas tan complejos, como lo ha sido históricamente la demanda marítima, habrá que considerar que cualquier expresión afortunada o desinformada registrada por los medios, podría repercutir en percepciones favorecedoras o inconvenientes, configurando de esta manera la llamada “opinión pública internacional”.

El autor Calduch (1991) definió al público internacional como “una forma de agrupación social constituida por individuos o colectividades de distintos países que adquieren imágenes, generales o particulares, y realizan valoraciones comunes sobre los acontecimientos internacionales a partir de la información recibida por su inserción en flujos transnacionales de comunicación”.

Precisamente, en este contexto radica la importancia de generar una opinión de otros Estados, organismos y entidades internacionales, que puedan percibir la demanda marítima de Bolivia de manera consolidada en nuestro propio imaginario, sin caer en la tentación de emplear el tema para fines particulares o como justificativo de agresión verbal contra Chile. Puesto que la problemática marítima que durante décadas sólo involucró a los dos estados interesados, con sus propias posturas y desencuentros diplomáticos. Ahora ha cambiado de escenario, y es parte de la agenda informativa internacional.

Emerge, entonces, la premura de plantear si existe o no la necesidad de formular políticas comunicacionales en relación con el tema marítimo y la causa que se persigue en el Tribunal de La Haya.

POLÍTICAS COMUNICACIONALES

Uno de los principales pioneros en estudio sobre políticas comunicacionales fue el reconocido comunicólogo y periodista Dr. Luis Ramiro Beltrán (1974), que en su concepción original las políticas de comunicación se entenderían como “un conjunto integrado, explícito y duradero de políticas parciales, organizadas en un conjunto coherente de principios de actuación y normas aplicables a los procesos o actividades de comunicación de un país”.

Es menester aclarar que con la postura de formular políticas comunicaciones respecto a la demanda marítima nacional, en ningún momento se pretende atentar contra la libertad de expresión, como el máximo baluarte de la defensa de la democracia. Por lo demás, de ser así, resultaría un planteamiento anticonstitucional, puesto que es nuestra Carta Magna la que garantiza el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información.

Sin embargo, la desinformación, el desconocimiento sobre los pormenores del conflicto marítimo, aquellas declaraciones desafortunadas, posturas basadas en contradicciones, podrían labrar secuelas irreversibles en la opinión de los públicos internacionales, tales como: el descrédito, la desconfianza y la generación de una imagen negativa hacia nuestra causa.

En estos tiempos, más que nunca, la conocida frase: “todo lo que diga puede usarse en su contra” cobra valor. Los agentes de socialización de la opinión pública, sean estos: autoridades, representantes políticos, líderes y diplomáticos, deberían reconsiderar el contenido de sus declaraciones, a favor de que todo lo dicho permita reforzar una percepción internacional positiva y favorable a nuestros intereses y pretensiones de retornar a las añoradas costas marítimas.

La autora es comunicadora

y docente universitaria.