Centros de discapacidad no tienen políticas de prevención

Funcionarios de la Defensoría del Pueblo realizaron operativos de control a centros de acogida en la urbe alteña donde se pudo establecer que las entidades encargadas del resguardo a personas con discapacidad no cuenta con políticas de prevención.

El objetivo de la verificación fue conocer el tipo y calidad de atención que brindan instituciones públicas como la Gobernación de La Paz y Organizaciones no Gubernamentales que trabajan en El Alto con personas con discapacidad, permitiéndole a la institución establecer las condiciones en que atienden a esta población, señaló José Luis Hidalgo, representante del Defensor del Pueblo en la urbe alteña.

Para dicha actividad, se coordinó con la Dirección del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), a través de instancia técnica departamental de política social de la Gobernación de La Paz, con la Unidad de la Persona con Discapacidad del Municipio y la coordinadora Región Altiplano de la red de instituciones de la Iglesia Católica que trabaja con personas con capacidades diferentes.

CENTROS

Según el reporte de la Defensoría, entre los centros verificados se encuentran el Centro de Rehabilitación Física y Educación Especial (Cerefe); Centro de Educación Especial Ana María Gómez Campos; Centro de Educación Inicial y Especial San Francisco de Asís; Centro de Educación Especial María Ascensión de Nicol; Asociación Centro Virgen Niña de Escuelas Populares Don Bosco; Centro de Educación Especial Mururata; Centro de Educación Especial San Martin de Porres y el Hogar de Acogida Kallutaca.

Los centros de acogida son centros que dependen de la Iglesia Católica o de iniciativas de religiosas, el funcionamiento y presupuesto económico son gestionados en Europa. También solicitaron apoyo al Gobierno Central a través del Ministerio de Educación y al Gobierno Autónomo Municipal en el Programa Pan Manitos.

La modalidad de trabajo que se implementa en estos centros se basa en la iniciativa de cada uno de ellos. Los espacios están construidos y equipados de acuerdo a la metodología que utilizan para la formación, dentro la motricidad fina y gruesa, el Cerefe atiende a población con autismo y aplican una metodología acorde a esta población.

En los centros verificados, el trabajo de educación, desde inicial a primaria, se encuentra apoyado por el área médica y fisioterapia, los centros Cerefe y la Asociación “Centro Virgen Niña”, cuentan con programas de consultorios médicos, odontológicos fisioterapia, dirigidos a diagnosticar discapacidades. En el caso de Cerefe es la referencia directa para los centros de Educación Especial Ana María Gómez Campos y de Educación Inicial y Especial San Francisco de Asís, quienes efectúan la valoración médica para los infantes, niñas, niños y adolescentes. Los centros de Educación Inicial y Especial San Francisco de Asís, de Educación Especial San Martin de Porres, cuentan con el servicio de fisioterapia.

El Cerefe es el único centro que ingresó en un programa de capacitación laboral con el apoyo del Gobierno Central, donde adolescentes y jóvenes con discapacidad se capacitan en costura y bisutería; mientras que la Asociación Centro Virgen Niña EPDB y el Centro de Educación Especial María Ascensión de Nicol inician el trabajo de capacitación para la inserción laboral en panadería, capacitación para camareros y camareras, detalló la autoridad.

POBLACIÓN

La población atendida por estos centros es de 606 infantes, niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Brindan atención desde los seis meses hasta los 25 años de edad.

Los centros entrevistados indicaron que a los padres de familia se les otorga obligaciones para con sus hijos y todos coincidieron al afirmar que los padres de familia no apoyan a los centros de educación especial, los aportes que otorgan son mínimos pero no siempre cumplen con su obligación, tanto en el apoyo económico, como en actividades programadas para los padres, mostrando poco interés para sus hijos.

INFRAESTRUCTURA

En lo referente a la infraestructura, la Defensoría informó que de los centros de educación especial verificados, cinco son de propiedad de fundaciones o de la Iglesia Católica que fueron construidos para el trabajo con personas con discapacidad principalmente infantes, niñas, niños y adolescentes, y equipados para el apoyo de alimentación y el apoyo médico y terapéutico; sólo dos de ellos, el Centro de Educación Especial “Ana María Gómez Campos” y Centro de Educación Especial Mururata son predios que no son de su propiedad.

También, la institución recalcó que ninguno de los centros verificados tiene programas de prevención de la discapacidad, tampoco cuentan con programas de sensibilización a la población que permita que la misma mejore la receptibilidad.

Sin embargo, se mencionó también que el Centro de Educación Especial Ana María Gómez Campos trabaja con estudiantes de la Unidad Educativa Fernando Bravo para que sean incluidos en el sistema de educación regular por toda la comunidad educativa.