El Gobierno actual, mediante la institución descentralizada del caso, compró 16 barcazas y dos remolcadores, haciendo el pago anticipado de casi 30 millones de dólares. Lo lógico, en la actualidad, es que recupere este equipamiento, al haber logrado, mediante juicio, que no sea embargado, como pretendió la empresa china que lo conservó en estos últimos años, en un embarcadero suyo. Esa es la responsabilidad que tiene, de lo contrario se perdería el pago efectuado.
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