Defensor preocupado por matrimonio a temprana edad

A nivel nacional, las niñas y las adolescentes mujeres, entre cero a 17 años, enfrentan la vulneración de sus derechos en cinco ámbitos a través de la violencia sexual, trata y tráfico, violencia sexual comercial, embarazo precoz, matrimonio adolescente y explotación y discriminación laboral, estos últimos son lo que para el Defensor del Pueblo deberían llamar más la atención de las autoridades.

Para el Defensor del Pueblo la presión social les lleva a las adolescentes a que se pueda realizar un pacto para la unión en matrimonio, “esto es grave, existen multicausales, como la extrema pobreza, los problemas de carácter cultural, la ausencia de las políticas educativas, los embarazos no deseados”, dijo.

Aseguró que el fenómeno de las prácticas culturales son también un factor de riesgo que pone en peligro a las mujeres adolescentes porque buscan el matrimonio y muchas de estas concluyen en casos de violencia.

Para el Defensor, pese a que las niñas y las adolescentes representan el 20% de la población boliviana, se encuentran invisibilizadas y sus derechos, prerrogativas y deberes se encuentran insertas, de manera general, en leyes referidas a la niñez y adolescencia y a las mujeres.

En ese contexto, la legislación boliviana coloca en un mismo grupo a infantes, niñas, niños, adolescentes mujeres y adolescentes hombres. “Esta omisión generalizadora ha provocado que el Estado y la sociedad ignoren los graves problemas que les afecta como población”, manifestó la autoridad.

De acuerdo a las denuncias recibidas en la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, en los primeros nueve meses de 2015 se registraron un total de 2.094 casos de vulneración de derechos humanos de personas menores de 18 años, de este total, el 61% afectaba a niñas y adolescentes mujeres.

Los derechos que más se denunciaron están referidos a la integridad personal con el 25%; le siguen los derechos a la familia y a la protección de y en ella con el 19% y los derechos a la educación con un 18% del total.

Las denuncias de violación del derecho a la integridad están referidas a violencia escolar, familiar, en la sociedad y violencia sicológica, es decir que la violencia está presente en todos los contextos de su vida.

RECOMENDACIONES

Para la Defensoría del Pueblo, frente a esta realidad emitió 13 recomendaciones y algunas de las más importantes se basan en: Implementar en el Ministerio de Justicia, la Dirección de Defensa y Promoción de los Derechos de las Niñas y las Adolescentes como unidad responsable de promover políticas y medidas de acción e intervención específicas para disminuir los niveles de violencia que sufre esta población.

Disponer que en la Política Plurinacional de Derechos Humanos 2015 – 2020, de responsabilidad del Ministerio de Justicia, se incorpore a la niña y la adolescente como población altamente vulnerable y se consideren acciones y estrategias especiales para disminuir la violencia y la discriminación que sufre esta población.

Instruir que en toda la generación de datos, cifras y análisis cuantitativo y cualitativo de todas las instituciones del Estado que realizan investigación referida a las áreas sociales, judiciales y de derechos humanos, se incluyan datos diferenciados que visibilicen la situación de las niñas y las adolescentes y que se registren y publiquen por el Sistema Nacional de Información de la Niña, Niño y Adolescente.

Solicitar a la red Parlamentaria de la Niñez y la Adolescencia de la Cámara de Diputados, que se analice la necesidad y urgencia de debatir una Ley Integral de Protección y Promoción de los derechos de las niñas y las adolescentes con amplia participación de las adolescentes de todo el país, especialmente las adolescentes trabajadoras, las víctimas de violencia sexual, trata y tráfico, estudiantes, con discapacidad y otras, tanto de las áreas rurales como urbanas.

Solicitar el Ministerio de Educación integrar al plan de estudios obligatorio, la prevención de la violencia de género en todas las unidades educativas del país, entre otras.