El departamento más postergado

A 467 años de la fundación de la ciudad de La Paz, se hace necesario repetir las letanías sobre la postergación que sufre este departamento, sin que el Gobierno central se inmute y menos se interese por aportar al desarrollo de la región, al contrario de su apoyo al resto del país. Si bien desde hace décadas se observa la desatención de los gobiernos hacia el departamento, no es menos cierto que las políticas públicas y de inversión del Gobierno actual muestran un olvido como nunca, en contraposición al fuerte respaldo económico que se da desde hace 10 años al interior del país.

Ahí están las plantas separadoras de líquidos, de urea y otras similares. No se niega su necesidad y acierto con miras todavía futuras, pero es más que notoria la falta de equidad, de la que es víctima La Paz. Por otra parte, sobresale la construcción de carreteras en toda la geografía nacional, incluyendo nuevos ferrocarriles, excepto en el departamento que nos cobija. Así como grandes centros de convenciones y aeropuertos en el Valle, inclusive en sus provincias. La inversión no deja de incluir desmesurados coliseos, aun en poblaciones a las que faltarían habitantes para llenarlos.

El Complejo Azucarero de San Buenaventura, que supuestamente beneficiaría a los paceños, para mayor agravio es una empresa estatal, conforme a los decretos de su nacimiento. La red de teleféricos no contribuye económicamente y se limita a una relativa atención de transporte urbano. Cosa parecida ocurre con la doble carretera La Paz-Oruro. El proyectado centro nuclear en zona urbana y, por tanto, potencialmente riesgoso, de principio podía ubicarse en el Altiplano paceño o en otras regiones, salvando incógnitas extrañas y aún no esclarecidas.

En cambio, varios proyectos que se podía implementar por la bonanza de la que ha disfrutado el Gobierno, como, entre otros, el de la carretera La Paz-Cochabamba atravesando las provincias de Río Abajo; los puentes en el estrecho de Tiquina y de comunicación entre Rurrenabaque-San Buenaventura quedan como quimeras.

Por esta lamentable e injusta situación, se exige que a la ciudad del Illimani, como sede de Gobierno, se le asigne una subvención anual que compense de alguno modo no sólo la hospitalidad que brinda al aparato gubernamental central, sino los impactos negativos que sufre cotidianamente por causa del malestar social prevaleciente y el empoderamiento de los “movimientos sociales” que, interrumpiendo la actividad citadina con marchas y bloqueos, han puesto en fuga hacia el interior y exterior a varios establecimientos que conformaban el tejido productivo que la sustentaba.

La paceñidad ve con agrado la iniciativa del gobernador Félix Patzi en sentido de solicitar el traspaso de la administración de la Autopista La Paz-El Alto, la misma que ya no es arteria nacional, a lo que se añaden muchos argumentos racionales. En inexplicable suspenso, por acción del oficialismo, en la Asamblea Departamental se encuentra el proyecto de ley respectivo. Se podrá calificar de alta traición que no se dé curso inmediato a dicha fase del proceso de traspaso. Otro capítulo importante, sembrado de contratiempos, es el Pacto Fiscal. De éste, La Paz espera un alivio, debido al ridículo presupuesto que se le asignó de 300 millones de bolivianos, desterrando así toda perspectiva de subsistencia y progreso.